Por Redacción Argenports.com
El gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur confirmó que recurrirá a la Justicia para frenar la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se está delineando una estrategia legal con el objetivo de recuperar la autonomía de la Dirección Provincial de Puertos y revertir una decisión que consideran un avance indebido sobre las facultades de la provincia.
Altas fuentes del gobierno fueguino indicaron al medio Ambito.com que la voluntad de judicializar la medida ya está definida y que por estas horas se trabaja en la mejor vía jurídica para cuestionar la intervención.
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Una intervención en plena temporada de cruceros
La decisión de la ANPYN establece que el organismo nacional asumirá la administración del puerto de Ushuaia por un período de 12 meses, con asistencia de la Prefectura Naval Argentina en tareas vinculadas a la seguridad y la operatoria.

La medida, según destacó la administración provincial, se adoptó en un momento de máxima actividad para la terminal, en plena temporada estival, cuando miles de turistas llegan a la capital fueguina a bordo de cruceros internacionales.
El puerto de Ushuaia se prepara para recibir cerca de 600 recaladas durante la temporada, lo que lo posiciona como uno de los principales puertos turísticos del país y como puerta de entrada estratégica hacia la Antártida.
Los argumentos del Gobierno nacional
Desde Nación se fundamentó la intervención en una serie de observaciones detectadas durante inspecciones técnicas y administrativas.
Entre ellas se mencionaron deficiencias de infraestructura, como el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas portuarias desgastadas, problemas en el tablestacado y deterioro de la carpeta asfáltica en áreas operativas.

También se señalaron falencias en la gestión administrativa y financiera, vinculadas a la falta de registros adecuados de ingresos y egresos, así como el uso del presupuesto portuario para fines ajenos a inversiones dentro del propio sistema.
La respuesta de la provincia
Desde el gobierno fueguino rechazaron los fundamentos de la intervención y aseguraron que no existe una razón lógica u objetiva que amerite una medida de esa magnitud.
Funcionarios provinciales remarcaron que el puerto se encuentra plenamente operativo y que las observaciones técnicas podrían haberse resuelto sin avanzar sobre la administración.
También cuestionaron el momento elegido para la intervención, al tratarse de una terminal que atraviesa su pico anual de actividad, tanto por el turismo de cruceros como por su rol logístico hacia el continente antártico.
Un puerto estratégico para la provincia y el país
El puerto de Ushuaia cumple un rol central dentro del sistema portuario argentino, no solo como terminal turística sino como uno de los principales nodos de apoyo a la actividad antártica.
Desde allí se canaliza buena parte del tráfico marítimo rumbo al continente blanco, además del abastecimiento y las operaciones logísticas asociadas.
En los días previos a la intervención, el gobierno provincial había difundido datos que proyectan una temporada 2025–2026 con cifras superiores a las de años anteriores, luego de haber superado los 173.000 pasajeros de cruceros en la temporada 2023–2024.
La postura del gobernador Melella
Tras conocerse la medida, el gobernador Gustavo Melella expresó su rechazo a la intervención y sostuvo que no comparte ni la decisión ni sus fundamentos.
El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia.
— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026
No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud.
El mandatario afirmó que no existe una justificación objetiva para avanzar sobre la administración del puerto y remarcó que las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia por sus estándares de seguridad, calidad y servicios.
El conflicto abre ahora una nueva etapa de tensión institucional entre Nación y Tierra del Fuego, con un puerto estratégico en el centro de la disputa y con derivación judicial confirmada.











