En mayo del año próximo Argentina deberá tener lista una nueva ley de biocombustibles que reemplace a la aprobada en 2006.
Redacción Argenports.com
Con la lupa puesta en dos cuestiones básicas como son costo y calidad, el futuro de los biocombustibles en el país seguramente será motivo de análisis durante los próximos meses.
En ese marco el gobierno nacional deberá decidir qué hacer con un esquema esquema que obviamente despierta adhesiones en el sector beneficiado pero también varios cuestionamientos entre quienes ven con preocupación las desnutridas arcas fiscales.
En mayo del año próximo la Argentina deberá tener lista una nueva ley de biocombustibles que reemplace a la aprobada en 2006 y que tuvo un horizonte de 15 años en los que abonó, durante toda una primera etapa, el surgimiento de la industria del etanol y del biodiesel que son la cara industrializada de los dos principales cultivos del país: el maíz y la soja.
Hoy por hoy la controversia gira, por un lado, en torno un sector que aporta agregado de valor en origen, desarrollo federal en muchas localidades del interior productivo, innovación y generación de empleo de calidad y ecuación de fuerte sustentabilidad ambiental al recortar el uso de combustibles fósiles por renovables.
Las petroleras manifestaron que la Ley de Promoción cumplió con sus objetivos y que ahora hay que implementar cambios.
Pero del otro lado aparecen cuestionamientos al beneficio económico afrontado por el Estado para subsidiar a empresas del tamaño de Bunge, Aceitera General Deheza y Vicentín, entre otras.
Días atrás, con las firmas de Mauricio Martín por YPF, Rafael Machin por Pan American Energy (PAE), Teófilo Lacroze, por Raízen y Martín Urdarpilleta por Trafigura, las cuatro principales empresas refinadoras del país le solicitaron a los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas que Argentina no continúe con el esquema de promoción creado por la Ley 26.093 y propusieron una “una ley superadora” con una desregulación “parcial”.
Las petroleras manifestaron que la Ley de Promoción cumplió con sus objetivos, ya que llevó el corte obligatorio de los bios en los combustibles del 5% en 2005 al 10% en el biodiesel y el 12% en el bioetanol en la actualidad, pero advierten que es necesario repensar ese porcentaje a futuro.
A esto se le suman cuestionamientos por la calidad de un producto que carece de control y genera con bastante frecuencia, a decir de las petroleras que lo comercializan después de mezclarlo con sus combustibles, innumerables problemas de distinta índole en los motores de los vehículos, principalmente los que utilizan diesel.
El gobierno deberá decidir, seguramente, con un oído puesto en los pedidos de los gobernadores de las provincias agropecuarias y en las demandas de los gobernadores petroleros, que, sobre todo en este contexto de baja demanda, quieren que el 100% del combustible sea producto de lo que se extrae de sus subsuelos.
“Siendo nuestro país uno de los mayores productores y exportadores de biodiesel, transcurrido un tiempo significativo desde el nacimiento de la industria resulta contradictorio que el producto de exportación satisfaga exigentes normas internacionales mientras que el disponible para mezcla local no alcance, en muchos casos, a cumplir sostenidamente la normativa vigente”, le escribieron en septiembre del año pasado a la secretaría de Energía las empresas que comercializan combustibles en el país, con YPF a la cabeza.
Según el diario El Chubut, las petroleras, respondiendo a una consulta de Energía acerca de la calidad de los biocombustibles, señalaron que las deficiencias en la calidad “generan reclamos por taponamiento de filtros, fallas en arranque en frío y congelamiento del producto a bajas temperaturas”.
La Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) también se expresó en el mismo sentido, cuestionando la calidad de los biocombustibles que afectan a los motores de los vehículos.
Las provincias productoras de biocombustibles están impulsando una nueva ley para que se extienda el régimen.
Adefa adelantó ya su posición de, como mínimo, evitar que se aumente el porcentaje de biocombustible que se mezcla en la nafta y el gasoil que utilizan los motores de las unidades que ellos producen y comercializan en la Argentina.
La posición de Adefa contrasta con la de los productores del combustible derivado de la soja, maíz y azúcar, que buscan incrementar el corte de sus productos en los combustibles fósiles.
Hay proyectos de ley, impulsados por este sector, que plantean la idea de que la nafta tenga hasta 28% de bioetanol (actualmente es 12%), y que el litro de gasoil tenga un 30% de biodiesel (actualmente es 10%).
En tal sentido, el sector empresarial agroindustrial y las provincias productoras de biocombustibles como Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Santiago del Estero y Buenos Aires, conformaron la Liga Bioenergética y están impulsando una nueva ley para que se extienda el régimen de promoción y aumentar el corte obligatorio en los surtidores a alrededor del 20 por ciento
El gobierno deberá decidir, seguramente, con un oído puesto en los pedidos de los gobernadores de las provincias agropecuarias y en las demandas de los gobernadores petroleros, que, sobre todo en este contexto de baja demanda, quieren que el 100% del combustible sea producto de lo que se extrae de sus subsuelos.
Cabe recordar que los biocombustibles no pagan impuestos, como sí lo hacen los combustibles fósiles.
Bahía Blanca / Buenos Aires / Argentina
