Por su extensión, el conflicto ya estaba afectando la cadena de abastecimiento y paralizaba la producción de sectores clave, como el automotriz o el de electrodomésticos, y retrasaba el ingreso de insumos médicos para la lucha contra la pandemia.
Tras 15 días de interrupción de la operatividad de las Terminales 1, 2, 3 y 4 del puerto de Buenos Aires, un despliegue ordenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, coordinado por la Policía Federal Argentina con la colaboración de la Prefectura Naval, y en conocimiento de autoridades judiciales federales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consiguió liberar el ingreso de camiones al puerto.
El acceso se encontraba bloqueado por un grupo de trabajadores de la empresa Bactssa, cuya concesión sobre la Terminal 5, por Resolución 120/2020 del Ministerio de Transporte, finalizará el 15 de mayo de 2021.
El impedimento para el funcionamiento de las terminales llevado a cabo por trabajadores encabezados por Daniel Amarante, secretario adjunto del Sindicato de Guincheros suspendido por el propio Consejo Directivo de ese sindicato por "inconducta gremial", procuraba incrementar la operatividad de la Terminal N° 5 mientras se bloqueaba el trabajo de las otras terminales para reclamar una nueva ampliación de la concesión.
Ese grupo de trabajadores inició las medidas de fuerza el 7 de abril, después de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo de la Dra. Analía Conde, desestimara una medida cautelar reclamada por la empresa.
En el marco de la finalización del contrato de Bactsaa, los ministerios de Transporte y de Trabajo de la Nación, la Federación que nuclea a todos los sindicatos portuarios (Fempinra) y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) ya habían iniciado un proceso para la preservación de los puestos de trabajo de los 260 empleados de la Terminal 5 y su incorporación a las terminales que continuarán funcionando.
Como consecuencia del impedimento para el normal trabajo de los camiones en el puerto de Buenos Aires y la ausencia de aval gremial en favor de quienes promovían el corte, la cartera de Seguridad de la Nación ordenó a la Policía Federal que coordinara con la Prefectura Naval y desalojara la protesta.
Antes del operativo se dispuso un recorrido por las instalaciones en la que estuvieron la jueza María Eugenia Capuchetti y los fiscales federales Eduardo Taiano y Carlos Rívolo; la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez; el director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, Jonathan Firun; el jefe de Gabinete de la Secretaría de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Coria, y la representación gremial de los transportistas y de los trabajadores del puerto.
El desalojo fue encabezado por el subjefe de la Policía Federal y estuvo compuesto por varias unidades de Contención; Móviles de Apoyo Logístico; un helicóptero y un total de 324 policías y 90 móviles.
Como parte del operativo, la Prefectura Naval trabajó en los márgenes del Río de la Plata. La presencia disuadió a los manifestantes y no se utilizó la fuerza.
La presencia policial disuadió a los manifestantes y no se utilizó la fuerza
La causa judicial en la que se inscribe el proceso se encuentra bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5 a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti, Secretaría Nº 10 a cargo del Dr. Leandro Noguera.
Las personas que desde el pasado 14 de abril bloqueaban Terminales Río de la Plata (TRP), concesionaria de los muelles 1, 2 y 3 de Puerto Buenos Aires, y su vecina APM Terminals, a cargo del espigón 4, no eran más de 30. Usaban vallas, autos particulares y camiones con sus patentes ocultas, y neumáticos en llamas.
Por su extensión, el conflicto ya estaba afectando la cadena de abastecimiento y paralizaba la producción de sectores clave, como el automotriz o el de electrodomésticos, y retrasaba el ingreso de insumos médicos para la lucha contra la pandemia.
Los buques se estaban desviando al puerto de Montevideo, con un doble efecto nocivo: no llegaban los contenedores llenos de importación, ni los vacíos necesarios para las exportaciones.
A la empresa Bactssa, concesionaria de la Terminal 5, el 15 de mayo se le vence la prórroga del contrato de concesión.
En función de eso, en octubre 2020 se firmó un acta con las empresas TRP y APM Terminals con el compromiso de cuidar las fuentes de trabajo de Bactssa y la de los tercerizados.
En diciembre, gremios y empresas firmaron la nómina de los trabajadores que serían incorporados en APM y TRP. Siguieron las negociaciones sobre convenios y montos, garantizando los puestos de trabajo de los trabajadores, que además de mantener las fuentes de trabajo serán indemnizados. En los próximos días comenzarán a rubricarse los trabajadores en TRP y APM.
La Fempinra no decretó ningún paro ni apoyó la medida. Es más, el Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, miembro de Fempinra, repudió en un comunicado el hecho de violencia ocurrido dentro de Bactssa que sufrió su afiliado Martín Hernández a manos de los autoconvocados.
Los que bloqueaban el puerto habían sostenido, desde La Izquierda Diario, que "desde la privatización menemista, el puerto de Buenos Aires pasó a ser un reducto de multinacionales extranjeras que lucran con el transporte".
"Bactssa, la concesionaria de la terminal 5 suyo principal accionista es CK Hutchison Holdings Limited, con operaciones en 52 puertos alrededor de todo el mundo. Mientras en las otras terminales actúan Terminales Río de la Plata (TRP), que controla las zonas 1,2 y 3 y tiene como accionistas a Dubai Ports Word (Emiratos Árabes) y APM, controlada por la multinacional dinamarquesa Maersk, que está a cargo de la Terminal 4 (T4) y es una de las empresas más grande del mundo", señalan desde Frente de Izquierda Diario.
Para ellos, el hecho de contar con los principales y más eficientes operadores portuarios del mundo, no es algo para festejar, sino para criticar.
Desde el mismo medio de prensa, los huelguistas habían convocado "a todos los trabajadores de las terminales del puerto de Bs. As., Exolgan, depósitos fiscales, astilleros, agrupaciones sindicales de todo el país a apoyar el conflicto de los trabajadores portuarios de la terminal 5 del puerto de Buenos Aires".
La convocatoria nunca tuvo éxito, siempre fue el mismo puñado de personas que, denunciar la presentación penal presentada por AGP, "no forman parte de un conflicto gremial, sino que cometen delitos mediante coacción, causando la obstrucción de las vías navegables y del transporte".
Fuente: Agustín Barletti / El Cronista.
Bahía Blanca / Buenos Aires / Argentina
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