Nuevo paso para desarrollar el cabotaje de contenedores en Argentina

Redacción Argenports.com

   La Asociación Intermodal de América del Sud (AIMAS) anunció que logró un dictamen favorable para eliminar las barreras administrativas estatales al cabotaje de contenedores en Argentina.

   La entidad recordó que entre  2017 y 2020 analizaron, junto actores del ecosistema logístico fluviomarítimo, los problemas del transporte de cabotaje de contenedores en Argentina y al  identificar al Código Aduanero como barrera primaria y principal para la evolución de tal tipo de transporte, desde mayo de 2020, realizaron presentaciones al Estado argentino para suspender o reformular tal normativa.

   El objetivo apuntó a poder impulsar el flujo de cientos de miles de contenedores anuales que reducirán la huella de carbono, aumentarán la oferta y la productividad al territorio a lo largo 5.500 Km de ríos y costas.

   AIMAS señaló que el trámite logró un dictamen de la asesoría jurídica de la Secretaría de Planificación del ministerio de Transporte, en el que acuerda y comparte las razones expuestas por AIMAS sobre los perjuicios y barreras que imponen algunos mecanismos del Código.

   A la vez, considera que no es necesario suspenderlo o modificarlo, sino ordenar cuestiones administrativas y procedimentales que hagan posible que el transporte náutico se “empareje” a los otros tres métodos logísticos.

   Además, puntualiza que tal como indica la Constitución de Argentina, no deberán sufrir la imposición de barreras administrativas o tarifarias para mover las cargas dentro del propio territorio del país.

   “Este dictamen logrado por el trabajo de AIMAS y sus asociados representa un paso fundamental en el camino de ampliación de la oferta logística, el aumento de la productividad y baja de costos logísticos, la integración económica y logística de cada rincón del territorio argentino y la baja de la huella de carbono”, señaló la entidad.

   Ahora hace falta que se reúnan en una misma mesa las partes portuarias, navieras y logísticas terrestres, a resolver el resto del camino, sin esperar que el Estado ilumine el rumbo.

   Luego, al poner en contexto el problema, recordó que desde hace 50 años el universo del cabotaje fluviomarítimo de cargas y sus puertos, desde el Río de la Plata pasando por el Mar hasta el sur continental, ignoró el rol del contenedor para el comercio interno.

   “A partir de 2017, desde AIMAS recorrimos y nos reunimos con casi todos los puertos argentinos, sentándonos con empresarios, funcionarios y las cámaras correspondientes para proponer la integración camión-tren-barco y así expandir al cabotaje fluviomarítimo de contenedores del comercio interior”, mencionaron directivos de AIMAS.

Problemáticas detectadas

   1. El Código Aduanero impulsa imposiciones y sobrecostos operativos a la mercadería general de la industria nacional. No es la relación y tensiones entre distintos rubros del sector fluvimaritimo.

   2. Se observa al contenedor solo como una pieza del comercio exterior, esperando que navieras transoceánicas recalen para algún servicio. Esto limita las posibilidades de negocios con los contenedores del comercio interno.

   3. Las navieras y toda la cadena de servicios comerciales entre el portón del puerto y hasta las aguas, no identifican a los operadores del transporte terrestre del País como sus potenciales clientes, pese a que movilicen a más del 93% de las cargas.

   4. Cada sector de la compleja oferta logística fluviomarítima, a excepción de Ushuaia y las terminales de las costas del Área Metropolitana de Buenos Aires, sostiene un sistema de costos para un cabotaje de contenedores que no opera.

   “En AIMAS, al ser un espacio colectivo que impulsa un cambio en la matriz logística regional a través de la Economía de Transporte Intermodal, consideramos que era necesario solicitarle al Estado argentino la suspensión específica del Código Aduanero ante el tráfico de contenedores dedicados al comercio interior.

   “Este Código –agregó la entidad--, es la barrera más importante de la logística fluviomarítima y general, y es responsabilidad exclusiva del Estado que la impone y regula”.