Redacción Argenports.com
Desde el 1 de marzo de 2024, los delegados argentinos en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) no percibirán ningún tipo de emolumento por el ejercicio de sus funciones.
Así lo establece una medida del presidente Javier Milei, en el marco de su política de reducción de gastos en el Estado nacional.
En comunicado reciente dirigido a la delegación uruguaya, el presidente de la delegación argentina, Diego Tettamanti, informó que los representantes de ese país ante la comisión binacional no tendrán remuneraciones, atendiendo a una medida del Poder Ejecutivo de no duplicar sueldos en la administración pública.
La novedad fue dada a conocer por el portal uruguayo ComexLatam, quien señaló que algunos actores del sector coincidieron en que lo que busca el gobierno argentino es volver a lo que sucedía años atrás y recordaron que antes de la década de 1990, los delegados de la CARP eran funcionarios que remitían a distintos ministerios, donde ya cobraban su sueldo por el cargo desempeñado y que, dentro de sus obligaciones, estaba la represen tación en la comisión binacional.
Las repercusiones en el ambiente fueron inmediatas y las preguntas apuntaron hacia qué haría Uruguay al respecto, en especial entendiendo que los aportes a la CARP llegan en partes iguales desde los gobiernos centrales y que, desde hace un tiempo, ambas delegaciones se manejan con medidas espejo en distintos ámbitos.
Tras la comunicación de Argentina, el presidente de la delegación uruguaya (y este año titular de la CARP), Alem García, quien aseguró que le parece una decisión acertada, pero aclaró que la carta de Argentina refiere a los delegados y no a los asesores.
El citado medio uruguayo indagó la composición del personal en la estructura de la CARP y, según fuentes directas, en 2024 la plantilla del organismo son 62 personas y el presupuesto anual en salarios se calcula en casi USS 2,5 millones, sin contar los aportes de las leyes sociales que abona cada país.
Es decir, los USS 2,5 millones son remuneraciones líquidas.
Concretamente, la estructura de personal de la CARP se desglosa en dos secretarios (técnico y ad-ministrativo), 14 empleados permanentes, 20 personas afectadas a obras, 16 asesores y 10 delegados entre los que se encuentran los presidentes y vicepresidentes de cada representación.
El gasto mensual en sueldos líquidos para los dos secretarios es de US$ 20 mil; en tanto que para los 14 empleados directos el monto asciende a USS 43.938, para los 20 afectados a obras a US$ 62.400, para los 16 asesores a USS 33.350 y para los 10 delegados a USS 33.839.
Estas cifras no incluyen los viáticos y otros gastos por actividades inherentes a la gestión.
Pero más allá de los montos y de lo que suceda con las remuneraciones de los delegados luego de la decisión argentina, lo que ha despertado preocupación en parte del sector es la movilidad y permanencia de asesores, así como las tareas asignadas y la idoneidad del personal elegido.
Por otra parte, según ComexLatam, también preocupa la transparencia y la rendición de cuentas correspondiente en relación a las tareas realizadas, pues algunas fuentes sostienen que existen contratos por un tiempo determinado, pero el pago de salarios excede al mismo.
Incluso, algunos allegados vinculados con los números de la CARP, aseguran que los egresos por salarios podrían superar los US$ 4 millones al año.
“Lo que se entiende por parte de algunos actores es que hay designaciones que no son sencillas de encontrar en las planillas ni en las actas, como si figuran claramente otras.
“En ese sentido –agrega el medio uruguayo--, fuentes del ámbito legal indicaron que existe un blindaje de la información por tratarse de un organismo internacional, al que no le caben los pedidos de información y, para llevar a cabo una auditoría, por ejemplo, se necesita la aprobación de los dos países”.
En Argentina estiman que si el gobierno de Milei pone foco sobre el organigrama administrativo y técnico de la CARP, le interesaría saber qué es lo que pasa en lo interno. Sin embargo, se preguntan si estaría la autorización de Uruguay para acceder a toda la información.
De todas maneras se recuerda que esta situación no es exclusiva de las administraciones actuales, sino que viene de larga data.
Bahía Blanca / Buenos Aires / Argentina
