Buque petrolero cargando en una monoboya como la que se quiere instalar en Punta Colorada.
Redacción Argenports.com
Por veredas opuestas parecen transitar en los últimos días los habitantes de las dos principales ciudades rionegrinas sobre el Golfo San Matías: San Antonio Oeste y Sierra Grande.
Si bien ambas basan sus economías en la naturaleza de esa región costera rionegrina, la reforma de la ley 3.308, que días atrás habilitó la actividad hidrocarburífera en el litoral marítimo de esa provincia patagónica, divide las aguas.
Según señaló el diario Río Negro, la decisión anunciada por YPF de construir un oleoducto y levantar una gran terminal para la exportación de crudo ha sido tomada de manera diferente por los vecinos de ambas ciudades.
El proyecto prevé la instalación de monoboyas de carga a unos 6 kilómetros de la costa. Foto Puerto Rosales.
“Los vecinos de Sierra Grande, apremiados por la falta de opciones laborales, apoyan casi mayoritariamente la llegada del petróleo a la zona”, señala la periodista Vanesa Miyar.
“Los de San Antonio, Las Grutas y el Puerto San Antonio Este, en cambio, sostenidos por la pesca y el turismo alertan sobre las consecuencias que podría provocar una contingencia ambiental que afecte la riqueza del Golfo. Y se oponen casi de manera unánime al ingreso de la actividad” agrega.
Al ser entrevistado por el matutino rionegrino, Renzo Tamburri, intendente de Sierra Grande, explicó por qué el proyecto es bienvenido en la localidad.
“Las familias se acostumbraron al desmembramiento permanente, a que los hombres se vayan y sólo regresen a visitar a los suyos, porque es una realidad muy compleja. Con la minería parada y sin pesca en la localidad la mayoría se embarca o se va a trabajar afuera. Es una comunidad estado-dependiente, donde los que quedan viven del empleo en alguna repartición pública”, amplió el funcionario.
“Lo que genera mayores divisas es el turismo– continuó-. Pero ahí no habrá una afectación porque la empresa sabe los pasos ambientales que hay que cumplir, y nadie va a permitir que se omita ninguna instancia vinculada a la seguridad”, remarcó.
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Miyar dijo que los vecinos del lugar parecen respaldar esos planteos y puso algunos ejemplos, donde todos mencionan a la necesidad de generar fuentes de trabajo.
En cambio, según señaló, la necesidad de proteger el ambiente desvela a San Antonio y allí se conformó una multisectorial compuesta por vecinos y ong’s que no descartan acudir a la Justicia para que no se materialice el proyecto de YPF.
“Un derrame es algo que inexorablemente va a ocurrir. El petróleo es una actividad sucia y, cuando pase, la pesca y el turismo de la que vivimos todos se dañará para siempre. Por habilitar una actividad van a ir en contra de lo que ya existe. En lugar de generar propuestas sustentables, que convivan sin perjudicar”, aseguró Suyay Quilapán, una de las vecinas que integra el grupo.
Organizada por los centros de estudiantes, el miércoles pasado hubo una protesta en la entrada del instituto de formación docente y el viernes pasado marcharon, en el marco de un paro de estudiantes, llevando como uno de los motores de la protesta el rechazo a los cambios en la normativa.
Además, las voces que se alzaron desde distintas áreas vinculadas a la actividad turística y manifestaron preocupación por la habilitación de las actividades hidrocarburíferas para la zona.
Según el diario Río Negro un gran número de prestadores turísticos directamente rechazaron la idea dejando abierta la posibilidad de acudir a la Justicia si el proyecto de YPF avanza en la costa marítima rionegrina.
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“La nulidad parece ser la única salida. Realmente no sé cómo podremos instrumentarlo, pero que arruinen el Golfo San Matías con un posible derrame podría ser fatal. ¿Qué vamos a salir a vender? ¿Quién va a querer venir de vacaciones?”, dijo Carlos Rivas, uno de los referentes de la Asociación de extrahoteleros, que es la que más camas le aporta al sector.
Desde la hotelería también repudiaron los cambios, y coincidieron con la necesidad de hacer algo para que no se materialicen proyectos como los que YPF tiene para la zona.
“Mienten con eso de ‘nos morimos de hambre o contaminamos’, porque hay que pensar en lo sustentable, no en cosas que vayan en contra de lo que ya tenemos para crear empleo”, argumentó la empresaria Analía Izco.
“Es tristísimo lo que está pasando -continuó-, la Justicia realmente parece ser la opción para revertir esto. Nuestros legisladores votaron los cambios a esta ley a puerta cerrada, sin ninguna convicción para defender nuestros intereses y dándonos muy pocos días para organizarnos como sociedad”, cerró.
Incluso la pesca se mostró preocupada por el posible impacto del oleoducto y su terminal.
“Hay que cuidar el recurso pesquero. No se tienen que olvidar que el Golfo San Matías es una ‘ollita’, llega a ocurrir un derrame y las consecuencias serían terribles. Además por lo que van mostrando el proyecto de YPF lo quieren poner en una zona cercana a Punta Pórfido, y ahí existe un área de reproducción de merluza”, expresó Esteban Aquiles, dueño de una embarcación pesquera de la flota de San Antonio.
“Todos quieren que haya trabajo, pero hay que analizar las cosas. Hacer los estudios que correspondan. No votar por votar y abrirle la puerta al petróleo así como así, en un lugar como éste”, opinó el hombre.
Su parecer coincidió con el del biólogo marino Raúl González. “Desde los gobiernos tendrían que tener una actitud más interesada hacia lo que tenemos para aportar desde la comunidad científica”.
González aseguró que “la información preliminar que tenemos sobre Punta Pórfido, por ejemplo, es que es una zona crítica no sólo para la cría de merluza sino también para otras especies. Y si quieren impulsar sí o sí lo hidrocarburífero, hay que saber cómo impactaría un incidente y qué alcances tendría, para diseñar estrategias que mitiguen daños”, subrayó, consternado frente a la posibilidad de desarrollo de actividad hidrocarburífera en la zona y sus posibles implicancias.