Son 71 los pilotes que deben ser extraídos a 30 metros de profundidad. Foto El País.
Gas Sayago está en liquidación desde 2020. Dejó pérdidas por unos US$ 180 millones según los partidos tradicionales, mientras que la izquierda señala que no existieron tales perjuicios.
La empresa, propiedad de UTE y Ancap, tiene hoy dos problemas: un juicio por US$ 13 millones iniciado por la constructora brasileña OAS -involucrada en un escándalo de corrupción en Brasil en el pasado- y el retiro de los 71 pilotes de la fallida obra de la regasificadora.
Por el momento no hay una urgencia en retirar los pilotes, pese a que obstaculizan la navegación y afectan el medio ambiente en el oeste de Montevideo. Y, en forma paralela, UTE y Ancap no tienen ninguna intimación para extraerlos.
Los pilotes, que están enterrados en el suelo marino a unos 30 metros de profundidad, tienen 50 metros de largo y 40 centímetros de diámetro.
Según dijo a El País una fuente gubernamental, el retiro de los pilotes ya está en los planes del ente energético. Agregó, también, que cuando se decida su extracción se deberá contar con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente; y que, gracias a la competencia entre empresas interesadas en extraer los pilotes, el costo de la operación bajó de US$ 8 millones a US$ 5 millones.
El directorio de UTE espera que el Poder Ejecutivo defina cómo se liquidará la empresa para no entrar en gastos innecesarios. Pero sí ya sabe que está obligado a dejar ese espacio de agua del Río de la Plata como se encontraba antes del inicio de la obra de regasificadora, la que fue iniciada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015).
La discusión pública sobre la eliminación de los pilotes se inició en el segundo semestre de 2019.
El 15 de noviembre de ese año, la Administración Nacional de Puertos (ANP) intimó a Gas Sayago a que demuela estos 71 pilotes, que eran parte de los 650 que se iban a colocar para la construcción del puerto de la Regasificadora de Gas Sayago y todas las “construcciones existentes” de la fracasada obra.
En un telegrama, la ANP advirtió a Gas Sayago que, en un plazo de 10 días, debía cumplir con las obligaciones establecidas en la concesión de la zona marítima bajo apercibimiento de rescindir el contrato sin derecho a indemnización.
Tal plazo no se cumplió. Por eso es que desde cualquier playa ubicada en el oeste de Montevideo se pueden observar los pilotes, mudos testigos de una obra faraónica que quedó en el camino.
Pero los pilotes no fueron el único “clavo” que dejó la obra de la regasificadora. En un informe fechado el 17 de octubre de 2019, los gerentes de Planificación, Jurídica, Dirección Operativa y Servicios Corporativos de UTE, realizaron una radiografía de los procesos judiciales y arbitrales que enfrenta la sociedad anónima, la cual es defendida en esas instancias por dos conocidos estudios de Montevideo.
Un capítulo del documento, titulado “Resumen Ejecutivo Procesos Judiciales y Arbitrales, Agosto de 2019”, relata todos los procedimientos en los que participa Gas Sayago, ya sea como actor, demandado o tercero en conciliaciones, juicios laborales, demandas civiles y de lo contencioso administrativo, procesos concursales y también arbitrales.
Es decir, ese capítulo trata sobre la posible “herencia” que dejará Gas Sayago para los próximos años. Allí se informa, por ejemplo, que la empresa enfrentó siete audiencias de conciliación que dejan abiertas las puertas a demandas millonarias; cuatro juicios laborales y cuatro civiles.
El monto de los reclamos alcanzó los US$ 87 millones en 2019. No todos tendrán un fallo contrario a los intereses de Gas Sayago.
La empresa Gas Sayago S.A. fue creada en 2011 y tenía como objetivo asumir la construcción de la terminal de regasificación.
El expresidente Mujica ha dicho que las denuncias de la oposición sobre el tema han sido solo “bulla”. Negó que haya habido pérdidas millonarias y sostuvo que con el tema se está haciendo “politiquería”.
La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) analizó a fines del año pasado un informe de auditoría que UTE encargó meses atrás a la firma PricewaterhouseCoopers sobre la obra de la regasificadora Gas Sayago.
Valiéndose también de documentación proporcionada por Ancap, la Jutep concluyó que los directorios frenteamplistas de estas dos empresas públicas transgredieron “normas y principios éticos tanto de raigambre constitucional, como legal y reglamentario”.
Las autoridades de la época (2010-2015), dice el fallo, llevaron adelante esta obra sin “estudios integrales de prefactibilidad y factibilidad que permitieran una adecuada toma de decisiones”.
Y además sostuvo que no se reconsideró “la viabilidad” de la inversión cuando Argentina se retiró del negocio -al perder así al “socio estratégico”-, ni se atendieron “previsiones realizadas por los propios organismos de cuantiosas pérdidas o desvíos, como por ejemplo las diferencias entre lo estimado en inversiones y lo contratado”.
Fuente: Eduardo Barreneche / El País.
Bahía Blanca / Buenos Aires / Argentina
