Por Redacción Argenports.com

La licitación de la hidrovía Paraná–Paraguay entró en su etapa más delicada y comenzó a escalar la tensión entre el Gobierno nacional y los principales actores del comercio exterior.

A pocas semanas de que se publique el pliego definitivo de la Vía Navegable Troncal, surgió un punto de conflicto central: la posible exigencia de instalar un sistema de comunicaciones y vigilancia de tecnología estadounidense que podría encarecer el peaje y modificar el equilibrio económico de toda la cadena logística.

Un pliego en cuenta regresiva y bajo observación

La secretaría de Transporte mantiene el 15 de noviembre como fecha para presentar el pliego definitivo de la nueva concesión. Esta licitación abarca dragado, balizamiento, señalización, control del tráfico y cobro de peaje sobre la ruta fluvial que conecta el corazón agroexportador argentino con el Océano Atlántico.

Pero uno de los puntos incluidos en el borrador provocó rechazo inmediato en los sectores portuarios y navieros. Se trata del sistema P25, una red de comunicaciones seguras utilizada por fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

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Este esquema plantea instalar centros de monitoreo, torres repetidoras a lo largo del río, antenas en embarcaciones, software de identificación de tripulantes y rastreo de cargas en tiempo real.

Para el Gobierno, esta tecnología permitiría mejorar la seguridad fluvial, combatir el narcotráfico, aumentar la trazabilidad de los buques y unificar las comunicaciones entre Prefectura Naval Argentina, concesionarios y puertos.

Sin embargo, el costo de esta infraestructura sería transferido a quienes operan en la hidrovía.

Rechazo de puertos, navieras y exportadoras

Según el periodista Mariano Galíndez, de Rosario 3, Terminales portuarias, navieras, cámaras agroexportadoras y operadores logísticos coinciden en que el sistema P25 no está vinculado a las tareas esenciales de la concesión, como el dragado o el balizamiento, y que por lo tanto no debe ser financiado con el peaje de la hidrovía.

Advierten que no aumenta el calado disponible, no mejora la profundidad operativa ni acelera el tráfico fluvial, pero sí representa una inversión millonaria que podría trasladarse al valor de cada tonelada exportada.

Las estimaciones privadas hablan de un monto inicial de entre 60 y 150 millones de dólares, que el futuro concesionario recuperaría a través de tarifas.

Ese costo impactaría directamente en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Ramallo, Zárate, Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca, principales nodos de salida de granos, subproductos industriales, fertilizantes, contenedores y combustibles.

Además, el sector cuestiona que el pliego establezca un único proveedor tecnológico y un sistema importado, lo que limitaría la competencia, encarecería las ofertas y dejaría afuera a empresas nacionales o de otros países con tecnología alternativa.

Impacto logístico y preocupación provincial

Un aumento del peaje en la Vía Navegable Troncal afectaría el costo de exportación de soja, maíz, harina de soja, aceites, combustibles, acero, contenedores y productos industriales.

Cada dólar adicional por tonelada transportada reduce competitividad frente a Brasil y Uruguay, dos países que compiten por los mismos mercados internacionales.

Gobiernos provinciales como Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos coinciden en que la licitación debe avanzar para garantizar previsibilidad en el dragado, pero advierten que no se puede cargar sobre el sistema productivo un gasto que debería corresponder a la seguridad nacional. También temen que, si el conflicto se agrava, el proceso se demore o quede bajo prórroga indefinida, como ocurrió en años anteriores.

Qué puede ocurrir en las próximas semanas

El Gobierno mantiene oficialmente el cronograma, pero se intensifican las gestiones privadas para que el sistema P25 se retire del pliego o pase a ser opcional. También se evalúa que el Estado lo financie de manera directa o mediante organismos internacionales, sin incluirlo en la tarifa de peaje.

En el Congreso, algunos legisladores analizan pedir informes o intervenir a través de la Comisión de Reforma del Estado, lo cual podría abrir una discusión política sobre la concesión, los plazos, el modelo de gestión y el rol de empresas extranjeras.

Mientras tanto, la hidrovía sigue operando bajo el esquema transitorio de la Administración General de Puertos, con dragado a cargo de la estatal Jan De Nul y tarifas administradas por el Estado.

Un debate que va más allá del dragado

El conflicto por el sistema P25 muestra que la licitación de la hidrovía no se limita a la profundidad del río ni a las balizas. En juego está quién controlará los datos del tráfico fluvial, cómo se financia la seguridad en la principal ruta de exportación del país y qué modelo tecnológico se adoptará para los próximos diez o quince años.

Lo que se defina en este tramo tendrá impacto directo sobre la competitividad portuaria, los costos logísticos y la soberanía de la vía navegable más estratégica de Argentina.