Redacción Argenports.com

   Mediante distintos audios y comentarios que circulan insistentemente estos días pudo saberse del malestar existente en las empresas ferroviarias privadas ante el nuevo modelo de asociación público privada propuesto por el gobierno nacional.

   En tal sentido, según señaló el sitio especializado enelSubte, las cargueras privadas se muestran insatisfechas y buscan obtener condiciones más ventajosas.

   “Las empresas han dejado trascender su disconformidad con varias de las cláusulas que establece el Concurso Nacional e Internacional de Proyectos Integrales para el área actualmente concesionada a Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) lanzado por Trenes Argentinos Cargas en julio pasado y amenazan con no presentarse a la compulsa.

   “La presión de las cargueras ya ha obligado a TAC a reprogramar tres veces la fecha de apertura de sobres: originalmente iba a ser el pasado 3 de octubre, pero luego fue prorrogada para el 17 de octubre y luego para el próximo lunes 31 de octubre, fecha que por el momento se mantendría”.

   Pese a que el nuevo modelo –que, tal como explicó enelSubte, no responde a una estatización total ni tampoco a la implementación del acceso abierto previsto en la ley 27.132, sino a un híbrido que busca alterar lo menos posible la situación actual– fue leído en el sector y en la prensa especializada como un esquema en el que las cargueras privadas salían ganando, lo cierto es que las concesionarias decidieron ir por todo y pelear condiciones aún más ventajosas.

   Según las empresas, el esquema propuesto, que involucra el pago de un canon por el uso de la vía, así como el pago en concepto de alquileres de material rodante y tractivo, talleres e instalaciones fijas, compromete seriamente la rentabilidad del negocio y la ecuación económica, por lo que no se presentarían al concurso.

   Buena parte de los cuestionamientos de las empresas, de hecho, no apuntan tanto a los pliegos de TAC sino a cuestiones establecidas en la propia resolución ministerial.

   Una de ellas es la cuestión de los plazos de la asociación, que la norma fija en 10 años (o hasta tanto se implemente el acceso abierto que marca la ley) y que las cargueras aspiran a extender a 20 años.

   Otra es la definición del canon, cuya metodología de cálculo han solicitado modificar. Incluso, han planteado sus reparos en cuestiones que van más allá de lo nodal del negocio, como la centralización de la comunicación institucional y unificación de la marca en manos de TAC.