Por Redacción Argenports.com
Argentina y Paraguay acordaron extender hasta abril de 2027 la operatoria de alijo de hidrocarburos en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, un punto estratégico para el trasbordo de combustibles que desde hace décadas abastece al mercado paraguayo y otros destinos fluviales.
La decisión, comunicada por la Cancillería paraguaya y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina, busca garantizar la continuidad del régimen vigente en esa zona.
Qué establece la prórroga
La extensión del permiso implica que la actividad de transferencia de combustibles desde buques de mayor calado hacia barcazas seguirá operando sin interrupciones durante los próximos dos años.
El acuerdo surge en un contexto donde previamente la Aduana argentina había advertido que la zona no estaba formalmente habilitada bajo la normativa portuaria, y había dispuesto una suspensión que generó cuestionamientos técnicos y diplomáticos.
La zona en cuestión funciona como un nodo de fondeo con calado suficiente para recibir hasta cuatro barcazas por banda y es conocida tradicionalmente como un punto de trasbordo esencial para hidrocarburos destinados a Paraguay.
Implicancias operativas inmediatas
La continuidad del alijo en el Km 171 reduce incertidumbres logísticas para los operadores que dependen de ese punto para organizar rutas, fletes y ventanas de navegación fluvial.
Sin el acuerdo, Paraguay —país que importa la totalidad de sus combustibles por vía fluvial— hubiera enfrentado la necesidad de buscar puntos alternativos de trasbordo, con posibles aumentos de costos y demoras en la cadena de suministro.
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Para los operadores, la extensión hasta 2027 brinda una ventana de previsibilidad que permite planificar contratos y operaciones sin el riesgo de interrupciones bruscas en un nodo que concentra movimientos de gasoil, naftas y otros derivados.
Contexto técnico y normativo
El punto de alijo del Km 171 no contaba con habilitación formal bajo la normativa portuaria argentina, lo que había motivado una orden de suspensión de la operatoria en 2025 por parte de la Aduana.
Esa decisión generó rechazo del sector logístico y del gobierno paraguayo, que advirtió sobre riesgos para el abastecimiento de combustibles y posibles incrementos de costos al tener que operar en zonas menos eficientes.
La prórroga alcanza a abril de 2027 y se interpreta como un acuerdo pragmático para evitar impactos negativos en la logística energética regional mientras se canalizan discusiones técnicas y diplomáticas entre ambos países.
