Por Redacción Argenports.com
El gobierno paraguayo consiguió que Argentina mantenga en USD 1,25 por tonelada de registro neto (TRN) el peaje en el tramo Santa Fe–Confluencia de la Hidrovía Paraná–Paraguay.
Sin embargo, persiste la preocupación ante la nueva licitación que impulsa el gobierno de Javier Milei, que podría modificar costos, condiciones operativas y el esquema de control sobre la vía fluvial más importante del Cono Sur.
Un alivio parcial para Paraguay
La tarifa —que había sido anunciada para subir de USD 1,25 a 1,47 por TRN— fue finalmente fijada en USD 1,25, luego de gestiones diplomáticas y planteos técnicos por parte de Paraguay, que considera injustificado el incremento mientras no se presenten obras concretas de dragado, señalización o mantenimiento que justifiquen el canon.
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Fuentes del sector fluvial paraguayo valoraron la decisión pero advirtieron que se trata de un alivio temporal.
“Se logró congelar el peaje, pero no se resolvió el problema de fondo: quién controlará la hidrovía y bajo qué reglas”, señalaron.
Por qué preocupa la nueva licitación
El gobierno argentino trabaja en una licitación internacional para concesionar por varios años el dragado, balizamiento y cobro del peaje en la hidrovía. Para Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, según precisó La Política Online, el temor es que esa licitación fije nuevas reglas sin consenso regional.
Los principales puntos de inquietud son:
- Posibles aumentos del peaje una vez adjudicada la obra.
- Mayor control argentino sobre permisos de navegación, señalización y tarifas.
- Falta de participación real de los países usuarios de la vía, pese al Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra (1992), que declaró a la hidrovía como corredor internacional de libre navegación.
- Impacto directo en la competitividad de los commodities paraguayos: soja, maíz, combustibles, hierro y contenedores fluviales.
Una vía fluvial estratégica para Paraguay
Más del 80% del comercio exterior paraguayo depende de la hidrovía. El país no tiene salida al mar y su competitividad está atada a la libre navegación por el Paraná y el Paraguay, desde los puertos de Asunción, Villeta y Concepción hacia Rosario, Santa Fe y los puertos del litoral marítimo argentino.
Paraguay sostiene que cualquier modificación unilateral afecta su economía y viola los principios de igualdad de uso, libertad de tránsito y no discriminación que acordaron los cinco países que integran el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH).
¿Qué puede pasar ahora?
Los escenarios que analizan operadores, armadores y gobiernos provinciales son tres:
- Que se mantenga la tarifa actual mientras se define la licitación.
- Que, una vez adjudicada la obra, el concesionario aplique un aumento automático del peaje.
- Que Paraguay lleve el conflicto a instancias de arbitraje internacional, argumentando que no hay obras equivalentes al cobro del peaje.
Una decisión técnica, pero también política
El gobierno argentino sostiene que el cobro del peaje es necesario para financiar el dragado y garantizar seguridad en la navegación. Los países aguas arriba replican que hasta que no se vean obras efectivas, el peaje actúa más como una tasa fiscal que como un servicio prestado.
Mientras tanto, el comercio continúa y los convoyes de barcazas siguen bajando por el río. La única certeza, por ahora, es que la hidrovía volvió a convertirse en escenario de disputa entre logística, diplomacia y soberanía económica.
