Por Natalí Risso

   Las cuestiones pendientes de la gestión del presidente Alberto Fernández se empiezan a convertir en urgencias de cara a las elecciones.

   El debate por la gestión de la vía navegable troncal del Paraná, ruta por donde salen la mayor parte de las exportaciones del país, no está saldado. La  idea original de convocar a una licitación internacional para darle a un operador privado el dragado y balizamiento por diez o veinte años se encuentra cada vez más lejos.

   En tanto, gana terreno el esquema actual de administración a través de AGP sociedad del Estado. La definición está sujeta a un decreto que debe firmar el presidente.

   “Lo que viene es una gestión nacional de las vías navegables con una participación privada en las tareas concretas hasta tanto Argentina vaya definiendo su propio expertise”, volvió a poner el tema en agenda el ministro de Transporte Diego Giuliano en el último Encuentro Argentino de Transporte Fluvial que reúne a los principales actores del sector.

   "Veníamos de un tiempo donde una larga concesión de 26 años había tenido sus luces y sombras y sobre todo un contexto de la década de los 90 con normativas y un nivel de concesión propio de ese tiempo. Queremos recoger la buena experiencia que ha tenido la Administración General de Puertos (AGP) en esta materia. Hoy es reconocida por todos los sectores porque tiene un excedente positivo 29 millones de dólares en el primer año”, contextualizó el ministro de Transporte.

   En los pasillos, todos acuerdan que la alternativa AGP es la más conveniente. Está escrito en un decreto que ya se encuentra en la Secretaría legal y técnica a la espera de la firma de Alberto Fernández.

   Sin embargo en los papeles el camino iría, hasta ahora, por la salida privada. Lo dice el decreto que conformó el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), encargado de elaborar el pliego para la licitación de largo plazo por el dragado, balizamiento y cobro del peaje de la vía fluvial.

   Tras siete meses sin Presidente, luego de que el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk renunciara al puesto en agosto del 2022 para convertirse en secretario de Economía del Conocimiento del ministerio de Sergio Massa, asumió hace dos semanas al frente del Ente el rosarino Abel de Manuele. Aún no dio declaraciones sobre la tarea encomendada al ente.

Apoyo de los gobernadores

   La idea de que se mantenga la administración actual también fue apoyada por varios de los gobernadores que integran el Consejo Federal de la Hidrovía, órgano encargado de asesorar en lo relativo a la concesión integrado por el ministerio de Transporte, Interior, Desarrollo y las provincias que costean la vía: Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

   El debate de la gestión de la vía navegable troncal comenzó en 2020 cuando, a pocos meses de que venciera el contrato que por más de veinte años mantuvo Hidrovía S.A., la operadora privada que integraban el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa, Alberto Fernández propuso la creación de una estatal Hidrovías Sociedad del Estado para administrar.

   La empresa Hidrovía S.A. explotaba y controlaba desde hace 25 años la vía. Al igual que con las autopistas, las empresas de servicios públicos, YPF, y muchos etcétera, Carlos Menem y Domingo Cavallo privatizaron la obra permitiendo a las empresas concesionarias cobrar peaje por tonelada transportada a cambio del mantenimiento del dragado y balizado.

   Sin embargo, nada de eso ocurrió: el contrato venció el 30 de abril del 2021, y se estableció una prórroga de 90 días que sostuvo en funciones al consorcio presente.

   A partir del 11 de septiembre de ese año, la Sociedad del Estado bajo la órbita del Ministerio de Transporte, AGP, tomó el control del mantenimiento de la vía troncal, a la espera que se adjudique la licitación de largo plazo encomendada al Ecovina.

¿Otra contradicción?

   Algunos especulan que el retraso de la firma del decreto que oficialice a la AGP como administradora tiene que ver con que significaría (de nuevo) una contradicción respecto a la última decisión del presidente (es decir, licitarla para un largo plazo).

   Uno de los mayores elogios a la AGP es el superávit de 29 millones de dólares que arrojó en su informe de gestión 2022. En su documento anual 2022, la AGP aseguró que el superávit se reinvirtió no solo en el mantenimiento extra que demandó la bajante histórica del río Paraná, sino que además agregaron tecnología en la traza.

   Uno de los hitos importantes durante este año fue la inauguración del Sistema de Monitoreo (SiMon) y Gestión de la Vía Navegable Troncal. Implicó la implementación de soportes tecnológicos –“puntos remotos de monitoreo” en distintos pasos de la vía y la creación de un Centro de Monitoreo: "La tecnología permitirá un manejo más eficiente del sistema, así como la generación de datos estadísticos confiables y permanentes, y optimizar los controles inherentes a la actividad", asegura la AGP.

   Para el primer bimestre del año, y gracias a los pedidos que surgen de las reuniones quincenales con los usuarios, construyeron zonas de espera para acelerar la navegación. La inversión total fue de 11 millones de dólares.

   Fuente: Página 12.