Por Redacción Argenports.com

   “El decreto 709/24 es un paso muy positivo porque permite el llamado a licitación internacional de dragado y balizado para profundizar la Vía Navegable Troncal a riesgo empresarial y sin subsidio estatal”.

   De esta manera se pronunció la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) sobre la decisión tomada por el gobierno nacional en torno al futuro de la vía navegable troncal.

   El viernes pasado el Ejecutivo dio a conocer, mediante publicación en el Boletín Oficial, un decreto que agiliza la realización de los estudios de impacto ambiental que requiere una futura profundización de esa vía navegable, sacándolos de la esfera de la subsecretaría de Medio Ambiente para colocarlos a cargo de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependencia que tendrá la misión licitar y lograr un concesionario privado de la Hidrovía.

   Cabe recordar que mientras avanza con la preparación del llamado a licitación de la hidrovía, el gobierno nacional se encuentra evaluando la posibilidad de llevar de 34 a 36 pies la profundidad de la vía navegable troncal, desde puerto General San Martín, en Santa Fe, hasta el río De la Plata.

   Dicha alternativa fue comentada por miembros de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación a representantes del sector de la agroexportación y navieras, mientras que la misma información llegó también a la empresa Jan de Nul, contratada para el mantenimiento de la hidrovía.

   Incluso se señala que esa mayor profundidad, junto con otras obras menores, forma parte del conjunto de alicientes que el gobierno quiere poner sobre la mesa en la misma audiencia pública que realizará este mes para presentar una suba de tarifas.

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   El decreto conocido el viernes, complementa uno anterior mediante el cual el gobierno declaró servicio público a las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional, al tiempo que designó como autoridad de aplicación de dicho decreto a la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente de la secretaría de Transporte del ministerio de Economía, y dispuso la disolución total del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la secretaría de Transporte creado en 2021 e integrado por la Nación y las provincias ribereñas.

   En su artículo 5° establece que la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables podrá requerir a otros organismos administrativos colaboración en la elaboración de proyectos de pliegos, realización de estudios de impacto ambiental e informes técnicos, quedando asimismo facultada a establecer los procedimientos de evaluación de impacto ambiental correspondientes, de conformidad con lo establecido por la Ley General del Ambiente N° 25.675.

  Y en el sexto señala que la AGP Deberá colaborar y prestar asistencia técnica y operativa, con todos sus recursos, a la mencionada subsecretaría, cuando le sea requerido, tanto en la realización de todos los estudios preliminares que deban realizarse.