Redacción Argenports.com
Mientras avanza con la preparación del llamado a licitación de la hidrovía, el gobierno nacional se encuentra evaluando la posibilidad de llevar de 34 a 36 pies la profundidad de la vía navegable troncal, desde puerto General San Martín, en Santa Fe, hasta el río De la Plata.
Dicha alternativa fue comentada por miembros de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación a representantes del sector de la agroexportación y navieras, mientras que la misma información llegó también a la empresa Jan de Nul, contratada para el mantenimiento de la hidrovía.
Según el periodista Mariano Galíndez, de Rosario 3, esa mayor profundidad, junto con otras obras menores, forma parte del conjunto de alicientes que el gobierno quiere poner sobre la mesa en la misma audiencia pública que realizará el mes que viene para presentar una suba de tarifas.
La readecuación tarifaria, según se vino informando, apunta a reducir el rojo del organismo estatal de 94 millones de dólares que administra el sistema troncal de navegación, que es la Administración General de Puertos (AGP).
El gobierno propone aumentar el peaje de la Hidrovía en 0,48 dólar por tonelada de registro neto para “aplicar al monto estimado de deudas y previsiones pendientes de pago” con la dragadora belga Jan deNul.
Y también quiere sumar otros 0,76 u$s/tonelada “para equilibrar la ecuación económica financiera en función del cuadro de resultado proyectado en el marco de la planificación de los trabajos”, precisó Galíndez.
Además, dispone un adicional de 0,68 u$s/tonelada para solventar “trabajos de mejoras propuesto", ítem en el que entra las mejoras en profundización, y por el que piensan recolectar u$s 47 millones por año.
Según se dispuso, la suba final, que sería de 1,92 u$s/tonelada, dejaría al peaje en de 4,98 u$s/tonelada y sería por tres años, aunque podría reducirse -anticipa el gobierno. a 1,42 u$s/tonelada “si se lograra resolver el problema tributario que impacta negativamente en los costos", en referencia al costo extra en IVA que debe afrontar por desprolijidades administrativas del gobierno anterior al traspasar de la hidrovía a la AGP.
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Rechazo de los usuarios
Los usuarios rechazan la suba del peaje porque, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las tarifas de servicios públicos, no tiene subsidio y el aumento es para reducir el rojo del organismo estatal que administra la hidrovía, y proponen que, como pasó con las energéticas, el Estado pague a sus proveedores privados (como la dragadora) con un bono.
Cabe recordar que el camino normativo para el aumento del dragado a 36 pies está allanado desde la extensión de contrato firmada durante el gobierno de Cristina Fernández, ya que en esa oportunidad se dispuso la posibilidad de llegar a los 36 pies, algo que nunca se aplicó en ese tramo.
Según la lectura del gobierno, la mayor profundidad (si la altura del río lo permite) posibilitará que los barcos salgan más cargados y así el flete se reduzca por lo que el impacto de la suba de tarifas sería menor.
No obstante, los usuarios de la hidrovía al tanto de la movida ya le avisaron al gobierno que la medida podría no tener ese efecto práctico si antes no se deroga una normativa de Prefectura, que data de 2008, que establece que ante un dragado de 36 pies se deben mantener, para seguridad, una profundidad extra debajo de la quilla de la embarcación, que para cumplirla reducirá la cantidad extra de carga que se podría colocar en un barco.
Al mismo tiempo, la decisión de aumentar dos pies el dragado supone también tomar decisiones técnicas como resolver las áreas de "sobrepaso" y fondeaderos porque, con 36 pies, se iguala las profundidades de la traza y las radas.
Además, se debería resolver la cuestión de los pozos de hasta 18 metros entre el KM 30 y 36 del Canal Mitre, donde además es más ancho que el mismo ancho de solera de la obra.
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