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Paraguay rechaza el aumento del peaje en la Hidrovía Paraná-Paraguay y evalúa arbitraje internacional

Empresarios y autoridades de Paraguay cuestionan el incremento del 22,5% aplicado por Argentina en la tarifa fluvial, al que califican como ilegal y sin justificación técnica. Reclaman la intervención de organismos internacionales para frenar el impacto económico.
El aumento platfomado por Buenos Aires reavivó tensiones regionales; Paraguay sostiene que la medida es unilateral, injustificada y con fuerte impacto sobre sus importaciones. Foto Barcos en el Río Paraná.
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Por Redacción Argenports.com

El clima político y comercial en Paraguay se tensiona ante la reciente medida que encarece el uso de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Mientras tanto, ambos países preparan reunión conjunta en Argentina para analizar manejo de las tarifas.

Una importante representación del sector privado paraguayo considera que la decisión representa una violación de los compromisos internacionales que regulan la navegación fluvial.

Argentina formalizó el ajuste tarifario mediante la Resolución 77/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada el 29 de agosto de 2025 en el Boletín Oficial.

La resolución dispone que la nueva tarifa rige desde el 1 de septiembre, para quienes transitan el tramo Santa Fe–Confluencia de la Hidrovía.

También te puede interesar: Peaje en la Hidrovía: en Paraguay opinan que USD 1,47 por TRN es excesivo y sin justificación

Aunque la disposición no llegó a entrar en vigor, generó un inmediato rechazo del gobierno paraguayo y del sector privado fluvial. Foto Barcos en el Río Paraná.

Para Paraguay, cuyo comercio exterior depende en un 80 % del tráfico por esa vía fluvial, el ajuste supone un fuerte golpe.

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) advirtió que el alza impactará directamente en los precios de productos esenciales, incluyendo combustibles.

Impacto económico y falta de justificación

El sector privado paraguayo estima que los costos adicionales podrían alcanzar entre 40 y 50 millones de dólares anuales, una cifra difícil de absorber.

Acusan que no hay evidencias de obras de mejora o mantenimiento que justifiquen la suba, lo que lleva a calificarla como un impuesto encubierto más que una tasa por servicios.

Camino al arbitraje internacional

Dada la falta de preacuerdo bilateral, Paraguay plantea recurrir a un arbitraje internacional. Se sostiene que los tratados vigentes exigen consenso entre los países usuarios antes de implementar cambios tarifarios.

La tensión diplomática crece, con Paraguay frente al desafío de aceptar la medida reivindicada por Argentina o de defender sus derechos mediante canales legales supranacionales.

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