Sector de postas de inflamables en el puerto de Bahía Blanca. Foto CGPBB.
Por Redacción Argenports.com
El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha propuesto un incremento del 120% en el impuesto adicional sobre los Ingresos Brutos que afecta a las operaciones en los puertos provinciales.
La medida, presentada en la Legislatura por el ministro de Economía, Pablo López, junto con la Ley Impositiva 2025, ha generado alarma en la industria energética y entre los exportadores, particularmente en Bahía Blanca.
Según cálculos del sector, este incremento podría costarle al sistema de transporte de hidrocarburos hasta $8.000 millones anuales, afectando gravemente la competitividad portuaria.
El tributo en cuestión fue instaurado en 2020 durante la pandemia, como una medida extraordinaria para aumentar la recaudación. Inicialmente, establecía montos adicionales por tonelada o fracción de 500 kilos de mercancías manejadas en los puertos: $47 por tonelada cargada, $139 por tonelada descargada y $23 por mercancía removida.
En el nuevo proyecto, estas tarifas se ajustan significativamente:
Carga de mercadería: $1.135 por tonelada.
Descarga de mercadería: $3.405 por tonelada.
Mercadería removida: $545 por tonelada.
Desde el gobierno provincial justifican el ajuste argumentando que estos valores deben actualizarse para mantener su relevancia en función de la inflación acumulada en 2024.
Las empresas exportadoras e importadoras que operan en Bahía Blanca, como las del sector hidrocarburífero, petroquímico y agrícola, han expresado su preocupación.
En tal sentido, fuentes consultadas por el portal Econojournal señalan que el incremento encarece significativamente los costos logísticos, afectando la competitividad frente a otros puertos del país y dificultando la atracción de nuevas inversiones.
“Si este aumento se aprueba, los usuarios del sistema de transporte de hidrocarburos enfrentaremos un impacto anual de $8.000 millones. Esto afectará tanto las cadenas estratégicas regionales como la economía nacional”, dijo un directivo del sector energético.
Además, varias empresas consideran que el impuesto podría ser ilegal, ya que las provincias no tienen autoridad para regular tributos relacionados con importaciones y exportaciones.
Actualmente, unas 10 causas sobre este impuesto esperan resolución en la Corte Suprema de Justicia provincial.
Desde la Gobernación, ante una consulta del citado medio, aseguraron que este impuesto no incrementa la carga tributaria sobre sectores productivos, ya que no modifica las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos.
Según explicaron, el adicional es un monto fijo que tiene un tope del 5% de la base imponible de las actividades alcanzadas.
No obstante, actores del sector privado critican la medida por desalentar inversiones en infraestructura y logística clave.
Un representante de una empresa naviera afirmó: “Estas políticas fiscales restrictivas generan incertidumbre y dificultan la planificación a mediano y largo plazo”.
Por otro lado, analistas advierten que el encarecimiento de los costos en los puertos bonaerenses podría perjudicar la competitividad de las exportaciones argentinas en el mercado global.
La controversia en torno a este impuesto continúa generando debate entre los sectores público y privado, mientras se espera su tratamiento en la Legislatura provincial.
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