Redacción Argenports.com
Argentina no dejará de cobrar el peaje por la Hidrovía en el tramo Santa Fe – Confluencia mientras los países del Mercosur negocian un entendimiento al conflicto desatado, como reclaman las navieras paraguayas que no quieren pagar el servicio.
Lo dijo el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, quien de todas formas dejó una puerta abierta para bajar las tensiones.
“Argentina dejará de interdictar las formaciones de barcazas que no pagan el peaje si reconocen por escrito la legitimidad y validez del peaje y de la deuda”, dijo, luego de destacar que “todas las cautelares que buscaron imponer los armadores paraguayos no prosperaron en la Justicia”.
Así lo señaló el funcionario nacional a Radio 2, en declaraciones que reprodujo el medio Rosario 3, en una nota que lleva la firma de Mariano Galíndez.
A pedido de AGP, que es el ente que administra la vía navegable, la Justicia interdictó en el último tiempo formaciones de bandera paraguaya (incluso, con carga brasilera) que no pagaron el peaje que rige desde principio de año elevando la tensión del conflicto.
Los embargos preocuparon a las aceiteras argentinas que procesan la soja que viene desde los países del Mercosur porque le dificultan el abastecimiento y le complican la logística, justo en un momento en el que las plantas de crushing tienen alta capacidad ociosa. Por eso que no se interdicten más embarcaciones representaría, para este sector, un avance.
“Lo cierto es que hasta ahora ningún armador lo hizo, por lo que vamos a seguir interdictando a los deudores. Por el contrario, si reconocen la validez del peaje, van a poder seguir transitando, pese a no haber pagado el peaje”, señaló Giuliano.
La polémica por el cobro del peaje para sustentar obras de dragado que impuso el Estado a las barcazas que transitan la vía navegable que conecta a la región con el mundo no hace más que escalar por las posturas intransigentes de los contendientes.
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Días atrás el presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmaba a la prensa de su país, “el tema, "…es un motivo de preocupación, esto no puede ser una disputa, sino un proyecto de integración, yo estoy planteando que nos sentemos los cinco países, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, porque existe un tratado firmado en la década del 60".
Y agregó: "Creo que tenemos que llamar a una cumbre porque no solo se trata de evitar que ocurra esto, sino de planificar cuál puede ser el proyecto de integración más importante. La bioceánica es importante, pero entre la autopista, los trenes y la Hidrovía, esta última es la más eficiente".
Por el lado argentino, el canciller Santiago Cafiero explicó el diferendo de manera más coloquial, “..se va a mantener el peaje porque sirve para solventar los gastos que demandan las obras de dragado y mantenimiento del río Paraná”.
Y suele graficar, "…si un camión argentino va por una autopista paraguaya, ¿paga peaje o no? Esto es exactamente lo mismo".
Sin embargo, la querella no hace más que ganar en intensidad con represalias de parte del gobierno paraguayo que amenaza con cortar la provisión de energía eléctrica proveniente de Yacyretá, uno de los temas más sensibles para la Argentina que vive con cortes de suministro eléctrico en temporadas estivales, pasando por declaraciones poco amistosas de Peña hacia el ministro candidato Sergio Massa de quien aseguró que “no le compraría un auto usado”, hasta la bizarra declaración de un legislador paraguayo que sugirió que iría a la guerra contra la Argentina y habló, en el recinto parlamentario, de comprar mísiles que apunten a países vecinos.
Más allá del tono dialéctico de la disputa, Paraguay quiere acudir en protesta al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur para resolver esta controversia y no descarta recurrir a un arbitraje internacional para solucionar el conflicto en la Hidrovía por el cobro de peaje.
En ese sentido, Paraguay se siente respaldado por el resto de los socios fundadores del Mercosur, Brasil y Uruguay, y sumó el apoyo de empresarios estadounidenses con intereses en Asunción que llevaron el tema ante las autoridades consulares de los Estados Unidos.
De hecho, empresarios con domicilio en Miami ya solicitaron la intervención del gobierno de Joe Biden para mediar e intentar acercar posiciones.