Por Redacción Argenports.com
“No es una licitación express”, aclaró Jimena López, titular del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, en torno a la polémica desatada
De esta manera, la funcionaria provincial se expresó en torno a la polémica desatada por distintas agrupaciones que nuclean a productores agropecuarios, las que cuestionaron la posibilidad contemplada en el pliego de licitación de la terminal (que debe terminar de cerrarse en noviembre tras la prórroga de 12 meses del año pasado), la cual permite que el gobierno provincial se reserve un 30% de la capacidad de carga de los silos.
Esta medida, según las autoridades, obedece a la necesidad de garantizar la disponibilidad de almacenamiento a pequeños y medianos productores que suelen quedar fuera de los grandes armados de las exportadoras.
“En noviembre vence la concesión de Terminal Quequén. El pliego licitatorio tiene un nivel de tecnicismo y de seguridad jurídica muy diferencial al trabajado con anterioridad”, dijo López, a través de sus redes sociales.
“Está pensado para que pueda competir el sector productivo agroexportador, preservando que no se puedan presentar fondos buitres, ni fondos económicos”, agregó.
Luego puntualizó que es una licitación para el sector productivo agroexportador, la cual, además, necesita ser validada a través de la votación del directorio del Puerto Quequén.
“Bajo ningún concepto la provincia podría quedarse con el 30% de la producción de los privados. Es un intercambio comercial entre privados y la Provincia es dueña de la infraestructura de la terminal.”, precisó.
También aclaró que no es un 30 por ciento ocioso, sino que la Provincia se subsumiría al calendario anual con el que se trabaja, posibilitando la elevación para pequeños productores.
“Tampoco es una intervención de la provincia. Es nuestra responsabilidad brindar certezas. Y nuestra gestión se caracteriza por el diálogo y los acuerdos. Y, por sobre todas las cosas, queremos una terminal que trabaje por 30 años más, donde también las más de 100 familias que allí trabajan tengan asegurada su continuidad”, concluyó.
Aclaración de Kicillof
Cabe recordar que en las últimas horas el el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se refirió al tema y negó la posible estatización y la creación de una junta provincial de granos en el Puerto Quequén.
En diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre, el mandatario desmintió categóricamente las versiones que indicaban la creación de una junta provincial de granos y dijo que el debate actual se centra en la renegociación del contrato para la concesión de la terminal de Quequén, cuyo plazo de concesión venció en 2021.
En ese sentido, la concesión tenía una prórroga semiautomática de tres años que se extiende hasta noviembre de este año.
“Desmentimos categóricamente la supuesta creación de una junta provincial de granos”, afirmó Kicillof, y explicó que los elementos en discusión para el nuevo contrato son dos aspectos principales:
Multas por obras no realizadas: El contrato vigente incluía compromisos de obras que no se han cumplido, y se está negociando un monto de entre diez y doce millones de dólares en multas.
Reserva de carga: Esta propuesta permitiría al Estado provincial acceder a una cuota de uso del elevador de granos, que estaría destinada a los pequeños productores. El objetivo es permitir a estos productores, que a menudo son los más perjudicados por las condiciones del mercado, tener un acceso más equitativo a los servicios portuarios.
“Generalmente ése es el sector más castigado con el precio, el eslabón más débil de la cadena”, explicó Kicillof, defendiendo la necesidad de asegurar una mayor equidad en el acceso al elevador de granos.
Posición de ruralistas
Días atrás, en un duro comunicado, las Sociedades Rurales del Sudeste expresaron su firme rechazo a la reciente intervención del Gobierno Provincial de Buenos Aires en el comercio de granos, acusando al Ejecutivo de implementar políticas que podrían distorsionar el mercado y perjudicar al sector productivo más dinámico del país.
Sobre la Terminal Quequén, dijeron que la falta de acuerdo para renovar esta prórroga ha generado gran preocupación, ya que podría resultar en una interrupción de los servicios esenciales y el riesgo de pérdida de empleos.
Incluso señalaron que el Consorcio de Gestión del Puerto está impulsando una “licitación express” para la concesión de la terminal.
“No queda claro el objetivo, pero sí la intención de entrometerse en la cadena. Dicho de otro modo, el Gobernador quiere comercializar granos, bajo una figura que se parece a una "Junta Provincial de Granos": un instrumento que la historia demuestra lo nocivo que podría ser para la actividad.
“La provincia –agregaron los ruralistas–, debería tener otras prioridades: educación, salud y seguridad; infraestructura, caminos y rutas destruidas; e inversiones que se pierden por mera acción de la ideología que no mira el interés general, como el caso YPF-Petronas”.
