Redacción Argenports.com

   El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, solicitó a la Legislatura provincial “retirar“ de su tratamiento en comisión el memorándum de entendimiento firmado el año pasado con una empresa china, que contemplaba una posible inversión millonaria en la zona norte de la isla, incluyendo la eventual instalación de un puerto multipropósito, confirmaron hoy fuentes oficiales.

   De todos modos, el mandatario no manifiesta la intención del Gobierno provincial de desistir de las negociaciones con los posibles inversores, sino que argumenta que el memorándum no precisa de aprobación por parte de la Legislatura, al tratarse de un acuerdo entre la provincia y una empresa privada, y no entre entes públicos.

   La medida se conoció luego de que Melella ratificó el memorándum a través del decreto provincial 3.312/22 y lo giró al parlamento fueguino el 5 de junio, en medio de cuestionamientos de dirigentes opositores acerca del riesgo de permitir instalaciones del gigante asiático en un lugar de tanta importancia geopolítica.

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    El gobernador suscribió en las últimas horas la nota 095, dirigida al presidente de la comisión de Legislación General de la Legislatura, el oficialista Federico Greve, requiriendo que “proceda a retirar del estudio de las comisiones el decreto 3.312/22, por el cual se ratifica el memorándum de entendimiento” con la empresa china Shaanxi Chemical Industry Group.

   “De conformidad con la documentación tenida a la vista se ha incurrido en un error involuntario al remitir el decreto 3.312/22, puesto que el mismo no constituye un convenio de los que la Constitución (de la provincia) establece la manda de remitir a la Legislatura”, fundamenta la nota del mandatario.

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.

   En ese sentido, agregó que “el mentado memorándum ha sido celebrado con una empresa privada constituida en China, por lo que se trata de un ente privado y debe ser retirado de comisión para ser devuelto a este Ejecutivo provincial”.

   Al respecto, la nota de Melella transcribe el articulo constitucional donde se consigna que el gobernador, en su carácter de jefe de la administración provincial “podrá celebrar tratados y convenios con la Nación y con otras provincias”.

   “También podrá celebrar convenios con municipios y entes público ajenos a la Provincia, nacionales o extranjeros, con organismos internacionales, en todos los casos con aprobación de la Legislatura y dando cuenta al Congreso de la Nación cuando así corresponda”.

   Melella aclaró que el memorándum “es un documento concertado entre sujetos de derecho internacional, o entre órganos u organismos de ellos dependientes, que puede ser un tratado internacional o contener meras declaraciones de intenciones, sin producir efectos jurídicos”.

   Según el gobernador, se trata de un primer acercamiento entre las partes, que puede dar lugar o no a celebrar acuerdos vinculantes en el futuro.

   En el memorándum que tuvo amplia repercusión nacional, la empresa china manifestó su interés por realizar en la provincia una inversión de 1.250 millones de dólares para la construcción de un proyecto para la explotación de una planta productora con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato.

   También se menciona la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno que permita el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas y una central eléctrica de 100 Mw.

   Las partes se comprometen a resolver primero un litigio judicial derivado de una inversión anterior de la misma firma en la isla, bajo el nombre de “Tierra del Fuego Energía y Química (Teqsa)”.

   La provincia y Teqsa llegaron a firmar un contrato en septiembre de 2010, mediante el cual Tierra del Fuego se comprometía a venderle gas natural para ser procesado en una planta de producción de urea a construirse en la zona de “Las Violetas”, al norte de Río Grande.

   Sin embargo, el emprendimiento nunca llegó a concretarse y la provincia dio por concluido el contrato en 2016, aduciendo su incumplimiento por parte de los chinos, lo que dio lugar a una causa que se tramita en el Superior Tribunal de Justicia fueguino.