Por Redacción Argenports.com
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), dependiente del Ministerio de Economía, aprobó el Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria.
El objetivo consiste en avanzar en la delimitación, administración y control de los bienes que integran la infraestructura portuaria bajo jurisdicción nacional.
La medida, oficializada mediante la Resolución 26/2025, busca garantizar una gestión eficiente de los activos del Estado en el ámbito portuario, conforme a lo establecido por la Ley 24.093 de Actividades Portuarias y sus decretos reglamentarios.
Ordenamiento territorial y gestión eficiente
La resolución faculta a las gerencias de Coordinación Técnica y de Coordinación Legal y Administrativa de la ANPYN a desarrollar, ejecutar y controlar el programa, que incluye tareas como:
- Elaborar un inventario completo y actualizado de bienes muebles e inmuebles.
- Establecer mecanismos de control y uso adecuado de los activos estatales.
- Definir zonas de uso portuario y condiciones generales de operación.
- Coordinar acciones con autoridades locales y federales.
Según fundamenta la norma, esta iniciativa no implicará erogaciones presupuestarias y permitirá integrar mejor las instalaciones portuarias a su entorno urbano, industrial o rural, contribuyendo a un diseño territorial más ordenado y eficiente.
Continuidad operativa con apoyo de la AGP
Hasta que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación complete su proceso de implementación y se encuentre plenamente operativa, la Administración General de Puertos S.A.U. (en liquidación) seguirá colaborando con el despacho de asuntos esenciales, garantizando la continuidad de la gestión.
Este paso se enmarca en el proceso iniciado por el Decreto 3/2025, que creó la ANPYN como nuevo ente rector del sistema portuario nacional, transfiriéndole funciones y bienes de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y de la AGP.
Hacia una nueva etapa en la política portuaria nacional
Con este programa, el Gobierno apunta a consolidar la jurisdicción portuaria nacional, optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer el control sobre bienes estratégicos para el comercio exterior y la logística del país.