Por Redacción Argenports.com

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná fue declarada nula por el Gobierno, acusó a la empresa DEME de haber actuado de manera ilegal y dijo que se iniciarán acciones judiciales y administrativas para investigar el proceso.

En su declaración, Adorni señaló que la única empresa oferente, DEME, había impulsado denuncias sobre falta de transparencia y presionado para modificar los requisitos del pliego, generando sospechas sobre su accionar.

Manuel Adorni, durante la rueda de prensa.

Adorni enfatizó la importancia de la Hidrovía como la principal vía de exportación del país, transportando el 80% de los bienes exportados por Argentina.

En este contexto, destacó la necesidad de contar con un operador idóneo que garantice un servicio de calidad a costos competitivos.

Según el vocero, desde el inicio del proceso el Ejecutivo se había comprometido a llevar adelante una licitación transparente y competitiva.

Sin embargo, pese a la inscripción de 11 empresas y consultas formales e informales, solo DEME presentó una oferta.

Lobbies, presiones y operaciones

En este sentido recordó que durante el procedimiento licitatorio “sectores de la política, medios y sectores empresarios hicieron lobby en favor de sus propios intereses y le demandaron al Gobierno que baje los estándares técnicos del pliego solo por beneficio propio“, mientras que “se acusó al Gobierno de direccionamiento en favor de Jan de Nul, la actual dragadora de la vía, que hoy no presentó ofertas”.

“Llama poderosamente la atención que, pese a haber más de 11 empresas inscriptas para participar, de haber recibido consultas formales y de tener conocimiento informal de que algunas compañías ya estaban preparando su documentación licitatoria para competir, sólo se haya presentado una única oferta”, apuntó el Vocero.

Y agregó que también es llamativo que “la única oferta presentada fue la de DEME, la empresa que se ocupó de detener el proceso con denuncias sobre una supuesta falta de transparencia que no era tal y con falsos direccionamientos”.

Por su parte, el director ejecutivo de la agencia de Puertos y Navegación Iñaki Arreseygor, dejó en claro que desde el área que encabeza “vamos a seguir adelante cumpliendo la orden del Presidente de avanzar en el proceso de licitaciones del Estado Nacional” porque “no somos tibios como el gobierno de Alberto Fernández y mantenemos el compromiso con los productores argentinos”.

 Iñaki Arreseygor, acompañado por Manuel Adorni.

“Vamos a salir a investigar y a perseguir con todo el peso de la ley a aquellos involucrados en este intento de sabotaje del proceso licitatorio”, garantizó Arreseygor y adelantó que “una vez cerrado este proceso, desde la agencia nos vamos a poner a trabajar en los nuevos pliegos de forma inmediata”.

Posible asociación ilícita

Ante esta situación, el Gobierno presentó el caso ante la Comisión de Defensa de la Competencia para determinar si hubo una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos.

Arreseygor, respaldó la decisión oficial, asegurando que el proceso contó con aval judicial en tres instancias y que la presentación de un solo oferente evidenciaba intentos de obstaculizar la competencia.

Adorni, por su parte, subrayó que el Gobierno buscará esclarecer los hechos y establecer responsabilidades penales en caso de intento de fraude.

El descargo de DEME

La empresa belga DEME, única oferente en el proceso licitatorio, respondió con un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión de la Hidrovía.

La empresa belga quedó en el foco de la tormenta.

Señalaron que desde el inicio del proceso analizaron el pliego y realizaron observaciones por presunto direccionamiento.

Asimismo, destacaron que otras empresas también cuestionaron el proceso y que diversas entidades, como la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados, habían manifestado preocupaciones sobre la licitación.

La concesión de la Hidrovía incluía la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización, así como tareas de dragado y balizamiento.

En noviembre de 2024, el Gobierno había anunciado el llamado a licitación bajo un esquema de concesión privada. No obstante, tras la presentación de una única oferta, el proceso quedó sin efecto y ahora será investigado.