Según Shell, ya explicó lo que implica una prospección sísmica, las características generales del proyecto (área de campaña, duración, puertos, embarcaciones, etapas), los impactos potenciales en el medio físico, biótico y socioeconómico, y dijo que presentó el Estudio de Impacto Ambiental obligatorio, que está en revisión. Ilustración Serman y Asociados.
Redacción Argenports.com
El Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino (Cesmar), que depende del gremio de capitanes de pesca (Aacpypp), y los directivos de la petrolera Shell analizaron y profundizaron hoy "los criterios que sostiene el sindicato sobre la prospección sísmica marítima", luego de las repercusiones y objeciones en una primera audiencia pública.
Dirigentes de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp), que lidera Jorge Frías, y autoridades del Cesmar expresaron en una reunión con Shell "la opinión y percepción de actores clave de la actividad respecto del impacto que pueden producir las prospecciones sísmicas en el Mar Argentino", dijo el dirigente.
Un documento del gremio subrayó que en ese encuentro, además de sindicalistas e investigadores del Cesmar, participaron Daniela Alberti, de la Consultora Fawaris; Ana Marroquim, consultora ambiental contratada por Shell, y Facundo Matos Peychaux, integrante del equipo de Relaciones Externas de la empresa multinacional.
La organización sindical exige conocer "la opinión sobre el proyecto elaborado por Shell en los bloques licitados Cuenca Argentina Norte (CAN) 107 y 109", y señaló en el encuentro virtual "las inquietudes del sector pesquero sobre los efectos en el mar de una prospección sísmica y la necesidad de establecer aspectos a la hora de explorar".
Según la empresa, ya explicó lo que implica una prospección sísmica, las características generales del proyecto (área de campaña, duración, puertos, embarcaciones, etapas), los impactos potenciales en el medio físico, biótico y socioeconómico, y dijo que presentó el Estudio de Impacto Ambiental (Esia) obligatorio, que está en revisión.
Frías, integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), señaló la importancia de "la participación e inclusión de actores clave en esos procesos", y llamó a replantear la circunstancia de prospección al momento de considerar procesos biológicos, las medidas de mitigación para cada factor ambiental impactado, la incorporación de compensaciones ante daños y el cumplimiento de la ley.
A fines de septiembre pasado, en el marco de la polémica desatada a partir de la posibilidad de que se realicen exploraciones sísmicas en busca de hidrocarburos en tres bloques marinos ubicados frente a Mar del Plata y la costa bonaerense, el ministerio de Ambiente de la Nación que encabeza Juan Cabandié, dispuso suspender momentáneamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actividad a partir de una presentación efectuada por diversas cámaras pesqueras que cuestionaron su desarrollo.
Mientras se mantienen los cuestinamientos por las concesiones para realizar tareas de exploración sísmica para hallar hidrocarburos en áreas de la Cuenca Argentina Norte (CAN), frente a Mar del Plata y Bahía Blanca y la posterior instalación de plataformas petroleras, la secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente dispuso a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial suspender “el curso de los plazos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto denominado ‘Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’ hasta tanto se reciba respuesta de todos los órganos que deban ser consultados conforme su competencia en la materia”.
El motivo central que llevó a esta resolución -que se ordenó sea comunicada a la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell para las tareas de exploración y potencial explotación- se debe a una presentación realizada por diversas cámaras de la actividad pesquera con la representación del abogado José Esain a través de la cual expusieron críticas acerca de cuestiones técnicas, jurídicas e institucionales relativas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y alegaron “presuntos vicios o defectos de tramitación en la evaluación y en el procedimiento de participación ciudadana realizado en dicho contexto”.