Por Redacción Argenports.com
Un reciente informe de la organización ambientalista Oceana encendió las alarmas al plantear si Chile se está transformando en un “refugio” para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
La advertencia surge por la manera en que algunos puertos chilenos permiten el acceso y abastecimiento a buques de flotas extranjeras, en particular de origen asiático, sin contar con los mecanismos de fiscalización más estrictos.
El documento, titulado “Chile: ¿Un refugio para la pesca ilegal?”, señala que el país sudamericano aún no aplica de manera plena el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA, por sus siglas en inglés), una normativa internacional impulsada por la FAO que busca impedir que los barcos sospechados de practicar pesca ilegal puedan reabastecerse o descargar en terminales portuarias.
La amenaza de la pesca INDNR
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada representa uno de los principales desafíos para la seguridad alimentaria global y la conservación de los recursos marinos.
Según estimaciones internacionales, este tipo de prácticas genera pérdidas de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares anuales y compromete seriamente la sostenibilidad de especies altamente demandadas, como el calamar y distintas variedades de peces pelágicos.
En Sudamérica, el foco está puesto en la presencia de enormes flotas internacionales —con predominio de barcos chinos— que operan de manera recurrente frente a aguas de Ecuador, Perú, Chile y Argentina.
Estos buques, al no poder ingresar a las Zonas Económicas Exclusivas, suelen concentrarse en los límites marítimos, generando preocupación por los riesgos de incursiones ilegales y por el impacto sobre los ecosistemas.
El rol de Chile en el control portuario
El informe de Oceana recuerda que Chile ratificó el PSMA, pero aún no ha consolidado un sistema de fiscalización robusto y homogéneo en sus puertos. Eso abre la posibilidad de que embarcaciones extranjeras usen las terminales chilenas para reabastecimiento y logística, eludiendo un control efectivo sobre su historial de pesca.
La ONG sostiene que este escenario debilita los esfuerzos regionales de combate a la pesca INDNR, ya que las flotas encuentran facilidades en un país que, paradójicamente, es líder en materia de conservación marina por la extensión de sus áreas protegidas.
Comparaciones y antecedentes regionales
Mientras Chile enfrenta críticas por estos vacíos, otros países de la región han endurecido controles. Ecuador y Perú reforzaron la inspección de buques extranjeros tras episodios de fuerte presión social y diplomática contra la flota china que suele operar frente a las islas Galápagos y la costa pacífica.
En el Atlántico Sur, la Argentina también denuncia regularmente la pesca ilegal en el área adyacente a la milla 200, aunque con un marco legal y operativo más limitado para impedir la operatoria de buques extranjeros fuera de su jurisdicción.
Un llamado a la acción
El informe de Oceana concluye que Chile debe avanzar con urgencia en la implementación plena del PSMA y en la aplicación de mayores requisitos de transparencia a las flotas extranjeras que utilicen sus puertos.
La organización insiste en que la cooperación regional es clave para impedir que los océanos sudamericanos se conviertan en terreno fértil para la pesca ilegal.
La pregunta planteada por la ONG —si Chile está camino a ser un refugio para estas prácticas— busca instalar un debate de fondo: qué papel desempeñarán los países sudamericanos en la defensa de sus recursos pesqueros y cómo enfrentarán el avance de las flotas internacionales en sus costas.
