El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, señaló hoy que “se está trabajando para asegurar el mantenimiento del servicio de la Hidrovía Paraná-Paraguay durante un año", de manera de poder contar con "tiempo suficiente para preparar una licitación grande y así garantizar la navegabilidad" como está sucediendo en la actualidad.
El funcionario dijo que hay “un trabajo conjunto, desde el Consejo Federal de la Hidrovía, con la participación activa prevista de las provincias vinculadas con la vía navegable”.
“También participan del proceso universidades públicas como la Universidad del Litoral, que trabaja los aspectos más técnicos; de la Universidad de Rosario, que aborda los temas ambientales y la Universidad de San Martín que analiza los aspectos técnicos; con Medio Ambiente de Nación y de todas las provincias, con las que vamos a abordar de manera integral los pliegos que se pondrán a consideración para la vía navegable para los próximos 15 años”, agregó el funcionario.
Guerrera, en diálogo con la agencia oficial de noticias Télam, explicó que “la licitación de largo plazo va a contemplar nuevos dragados, accesos a puertos públicos, con una mirada puesta de Santa Fe hacia el norte, para hacer más navegable toda esa zona”.
Advirtió que lo que se está haciendo es “licitar una obra pública. Acá lo que tenemos que hacer no se ve porque está bajo el agua, pero estamos licitando una obra pública”.
Luego finalizó afirmando que “el manejo de lo que sucede en esa vía navegable lo tiene que tener el organismo de control, o sea el Estado, que será el diferencial de lo que no sucedió los últimos 25 años”.
En resumen, puede interpretarse que la Hidrovía del Río Paraná será manejada por el Estado cuando termine la prórroga de la concesión actual, aunque esa fecha no está clara: según se cuente el plazo de 90 días de la prórroga en días corridos (30 de julio) o en hábiles (a mediados de septiembre).
Según lo que se viene advirtiendo en las últimas semanas en los pasillos oficiales, se modificará la estructura de la Administración General de Puertos (AGP), que durante los 12 meses referidos, entre agosto próximo y julio de 2022, tendrá a cargo la concesión del dragado y balizamiento. Luego, ese organismo dependiente del ministerio de Transporte licitará las obras entre las dragadoras privadas.
Respecto del cobro del peaje por ese servicio, Guerrera indicó que el nuevo DNU “otorgará a Transporte la facultad para establecer la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje”.
De todos modos, como el Gobierno ha reconocido que no cuenta con embarcaciones en condiciones adecuadas para realizar las tareas de dragado, especialmente en este momento en que el Río Paraná presenta la mayor bajante en 77 años, se estima que la AGP subcontrataría los servicios de Jan de Nul, la empresa belga a cargo de esa tarea desde hace 25 años.
Esa podría ser una alternativa de funcionamiento hasta el año próximo, cuando se realice la licitación definitiva, porque incluso el presidente Alberto Fernández, en declaraciones periodísticas de pocas semanas atrás, consideró que “el Estado no tiene actualmente la capacidad para asumir esa tarea, una especialidad de pocas empresas en el mundo”.