El ingeniero Hernán Darío Orduna, referente en políticas fluviales y ex presidente de las delegaciones argentinas ante la CARP, CARU y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, advirtió que el gobierno de Entre Ríos ha dado un giro inesperado al apoyar el dragado del río Paraná Bravo.
Según Orduna, esta decisión se alinea con intereses de grandes corporaciones agroexportadoras y beneficia a terminales portuarias extranjeras, especialmente a Nueva Palmira (Uruguay), en desmedro de los puertos argentinos.
La crítica del especialista se basa en la intervención del fiscal de Estado entrerriano, Julio Rodríguez Signes, durante una reunión de la Mesa de Diálogo Interdisciplinaria realizada el 27 de mayo en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Allí, el funcionario expresó el apoyo de la provincia al dragado de los ríos Paraná Guazú y Paraná Bravo, argumentando que “allí se encuentran los puertos entrerrianos”.
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En beneficio de Uruguay
Orduna cuestiona con dureza esta afirmación, señalando que no existe ningún puerto entrerriano sobre el Paraná Bravo, y remarca que históricamente Entre Ríos —junto al resto de las provincias ribereñas— había rechazado esta opción cuando integraba el ya disuelto Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.
Según Orduna, redireccionar la vía navegable por el Paraná Bravo aumentaría el recorrido y los costos logísticos, ya que implicaría desembocar en el kilómetro 4 del río Uruguay —frente a las terminales de Nueva Palmira— en vez de salir directamente al Río de la Plata por el kilómetro 122, como lo permite el Guazú.
En este sentido, el ingeniero plantea una pregunta clave: “¿Qué sentido tiene que la Argentina invierta en dragar un acceso directo al puerto uruguayo de Nueva Palmira, si por allí no salen cargas nacionales?”
Y alerta que esta maniobra podría abrir la puerta al contrabando y la evasión tributaria, ya que facilita el desvío de productos hacia un nodo portuario que no rinde beneficios fiscales al país.
Otros cuestionamientos
Además, Orduna en una nota enviada a Diario Junio, subraya que el gobierno entrerriano ni siquiera solicita la conexión del Paraná Guazú con el río Ibicuy, una alternativa que sí podría fortalecer la logística de los puertos locales y consolidar una vía nacional eficiente hacia el Río de la Plata.
Desde su experiencia, el especialista considera que este nuevo posicionamiento de Entre Ríos atenta contra la soberanía, el desarrollo portuario argentino y el interés provincial, al privilegiar infraestructura ajena en lugar de consolidar rutas fluviales estratégicas dentro del país.
La postura oficial entrerriana se dio a conocer en el marco del debate sobre el futuro de la Vía Navegable Troncal, en momentos en que el Gobierno Nacional analiza la profundización del canal de 34 a 44 pies.
Mientras algunos sectores promueven la medida para mejorar la competitividad del agro, voces como la de Orduna advierten sobre sus consecuencias geopolíticas, económicas y fiscales.
