Por Redacción Argenports.com

La empresa belga Jan De Nul negó hoy haber recibido trato preferencial y explicó que su decisión de no participar en la licitación de la hidrovía se debió a acusaciones infundadas, interferencias y competencia desleal.

En las últimas horas, el Gobierno anuló la compulsa por la Vía Navegable Troncal y acusó a DEME, la única firma que presentó una oferta, de haber empañado el proceso con denuncias sobre falta de transparencia, demandas judiciales y otras acciones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que durante el procedimiento hubo “presiones” de diversos sectores para modificar los requisitos técnicos y acusaciones sobre un supuesto direccionamiento a favor de Jan De Nul, actual concesionaria de la Hidrovía.

Sin embargo, la empresa sorprendió al no presentar una oferta.

Carta a la ANPYN

En una carta enviada a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Jan De Nul explicó su decisión, argumentando que desde la publicación del llamado a licitación el 20 de noviembre de 2024, sus competidores impugnaron injustificadamente los requisitos técnicos, alegando un direccionamiento inexistente.

La misiva, firmada por el apoderado Win Bosteels, advirtió que estas acciones judiciales, aunque desestimadas por la Justicia, tenían el único propósito de boicotear la licitación.

Asimismo, la empresa mencionó un “contexto de interferencias y competencia desleal”, señalando indirectamente a DEME, y expresó su preocupación por el alto riesgo de que el proceso licitatorio no llegara a término o fuera suspendido indefinidamente.

La firma belga también expresó su malestar por la existencia de una “durísima campaña mediática” diseñada para “cuestionar los antecedentes y reputación de Jan de Nul”, de manera tal de intentar “perjudicar su participación en la licitación”.

Otros cuestionamientos

La empresa además señala que tiene el temor que algunos participantes del proceso licitatorio lo hagan con el único objetivo de “acceder a información que incluye planes de trabajo, estrategias de operación, estructura de costos, etcétera”, dado que las propuestas presentadas serán compartidas con todos los participantes.

Por tanto, “en este contexto de interferencias y competencia desleal, estamos convencidos de que el proceso enfrenta un riesgo altísimo de no lograr su finalización y/o verse suspendido en forma indefinida, lo que sin duda implicaría un perjuicio a los usuarios directos e indirectos” de la Hidrovía.

En ese sentido, Jan de Nul dijo que “estamos convencidos que existen aspectos de la licitación que son susceptibles de mejoras”, tales como los servicios adicionales que exceden las tareas de dragado y balizamiento que tienen un costo enorme “sin que existe un claro beneficio para los usuarios”.

La empresa belga, por lo tanto, “decidió no presentar una oferta en los términos actuales en lo que se encuentra el proceso licitatorio a la espera de que el concedente (el Estado argentino) pueda revisar adecuadamente la situación”.

Alcance de la concesión

Otro de los puntos señalados por Jan De Nul fue la ampliación del alcance de la concesión, que incluyó nuevos aspectos como sistemas de vigilancia, seguridad y control de derrames, lo que, según la empresa, excede el alcance tradicional del dragado y señalización, incrementando costos y obligando a la subcontratación de servicios especializados.

A pesar de los esfuerzos por ajustar estos nuevos términos, la compañía aseguró que no encontró una actitud similar del otro lado.

Por este motivo, decidió no presentar una oferta y esperar a que el Concedente revise adecuadamente la situación.

La postura del gobierno

Desde el Ejecutivo afirmaron que la Justicia validó en tres instancias la legalidad del proceso licitatorio. No obstante, Adorni remarcó que la única oferta recibida fue la de DEME, empresa que había denunciado falta de transparencia y que, finalmente, se presentó sin competencia.

El Gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si hubo una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, afirmó en conferencia de prensa que “un grupo de vivos operó el vaciamiento de oferta de la licitación para frustrarla en desmedro de los productores argentinos, principales perjudicados”.

“Desde el inicio de la licitación se nos acusó de direccionarla hacia un operador específico para sabotear el proceso. Sin embargo, resulta llamativo que, en un supuesto direccionamiento, la única oferta presentada haya sido la de DEME, la misma empresa que impulsó estas acusaciones”, concluyó.