Por Redacción Argenports.com
En un escenario inédito para la actividad portuaria argentina, la Marina Mercante sostuvo el paro nacional y desoyó una intimación cursada por la Prefectura Naval Argentina, lo que paralizó durante dos días el movimiento de remolcadores en el Río de la Plata y dejó sin operatoria regular los principales puertos del país.
En el caso de Buenos Aires, la medida tuvo impacto directo en el turismo de cruceros y en el comercio internacional.
El conflicto escaló el martes por la noche, cuando la Prefectura envió un comunicado a la Cámara de Armadores de Remolcadores en el que recordó que, según el Código Penal y la Ley de Navegación, poner en riesgo la seguridad de los buques o interrumpir su tránsito puede constituir un delito.
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Según Clarín, el mensaje no fue dirigido a los gremios sino a los empresarios del sector, lo que abrió una controversia adicional sobre el alcance de la intimación.
La intimación de Prefectura y la respuesta de las empresas
En su nota, la Prefectura citó el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de prisión de dos a ocho años para quienes pongan en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave.
También recordó la obligación de disponer de remolcadores “en todo puerto donde sea necesario” para garantizar la seguridad de la navegación.
El mensaje, sin embargo, fue dirigido a los armadores de remolcadores. Desde el sector empresario respondieron que no podían obligar a trabajar a tripulaciones que habían adherido a una huelga convocada por los gremios, ya que el derecho de huelga corresponde a los trabajadores y no a las empresas.
Ya en la mañana del miércoles, la Prefectura desplegó operativos en la zona donde se concentran los remolcadores para intentar que las embarcaciones salieran a operar.
Foto Gerardo Roberto.
Según fuentes del sector, no se registraron enfrentamientos, pero las tripulaciones ratificaron la medida de fuerza y los remolcadores no retomaron la operatoria normal.
Desde los gremios sostuvieron que el paro no implica poner en riesgo la navegación, ya que la interrupción del servicio es comunicada con antelación y los buques son advertidos de que no ingresen a aguas restringidas sin asistencia. En ese marco, plantearon que se mantienen guardias mínimas para emergencias reales, pero no para operaciones comerciales ordinarias.
Alcance del paro y cantidad de buques afectados
Como vino informando Argenports.com, la Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) dispuso un cese total de actividades por 48 horas.
La medida abarcó buques remolcadores de empuje, buques tanques, portacontenedores y de carga, buques de tareas offshore y remolcadores de maniobra portuaria.
El paro se extendió hasta la medianoche del viernes 20 de febrero.
Durante la protesta, la Prefectura contabilizó alrededor de 250 trabajadores adheridos y 153 afectados por la paralización de servicios.
En la práctica, la indisponibilidad de remolcadores impidió el ingreso y la salida de buques en condiciones normales.
Esto derivó en restricciones operativas en los puertos y en demoras en la cadena logística del comercio exterior.
El caso del Costa Diadema
Uno de los episodios más tensos se registró con el ingreso del crucero Costa Diadema al canal de acceso al puerto de Buenos Aires.
De acuerdo con fuentes del sector consultadas por el diario Clarín, la Prefectura autorizó su entrada aun cuando no había remolcadores disponibles para asistir la maniobra.
Una vez dentro del canal, el buque fue declarado en situación de emergencia por la propia autoridad marítima, al considerar que navegar sin asistencia en ese tramo representaba un riesgo para la seguridad.
Ante esa declaración, remolcadores acudieron a asistirlo en cumplimiento de las normas vigentes.
Sin embargo, al momento de la zarpada, prevista para la tarde, ya no había remolcadores operativos por la continuidad del paro.
Finalmente, cerca de las 21 del miércoles, el práctico a cargo asumió la responsabilidad de maniobrar la salida del crucero sin asistencia de remolque.
Según trascendió en el sector, el servicio de practicaje incluyó una sobre tarifa por encima de los valores habituales.
Para la noche del jueves se preveían condiciones meteorológicas más adversas, con vientos fuertes.
En ese contexto, dos nuevos cruceros ingresaban al puerto bajo un esquema similar: autorización para acceder a aguas restringidas y eventual convocatoria posterior a remolcadores bajo el argumento de seguridad.
El interrogante que quedó planteado fue qué ocurriría al momento de la partida, dado que los gremios anticiparon que no habría asistencia mientras durara la medida de fuerza.
Advertencias del sector naval
El jueves se registraron tres servicios solicitados a prestadores privados especiales.
Desde la Liga Naval Argentina, Fernando Morales advirtió que autorizar la salida de buques de gran porte sin remolcadores puede sentar un precedente complejo.
En ese sentido, planteó que si cruceros de gran tamaño pueden maniobrar sin asistencia, las navieras podrían luego cuestionar la obligatoriedad de contratar remolcadores que hoy exige la propia Prefectura.
Desde el sector marítimo calificaron la intervención de la Prefectura como “sin precedentes”.
Señalaron que el comunicado fue dirigido a los armadores y no a los sindicatos, y que uno de sus párrafos establecía que los capitanes de remolcadores, pertenecientes a empresas privadas, quedaban a órdenes de la autoridad marítima.
Esa disposición fue interpretada como una forma de presión institucional en medio del conflicto gremial.
“Jamás la Prefectura se había involucrado de esta manera en un conflicto gremial”, señalaron fuentes del sector al matutino porteño.
También remarcaron que, en el marco de una huelga, se garantizan guardias mínimas para emergencias reales, como la asistencia a un buque en peligro inminente, pero no para la operatoria comercial habitual.
Sin intervención política directa
Hasta el cierre de la medida de fuerza, no se había registrado una intervención formal de la Secretaría de Trabajo.
Tampoco lo hubo por parte de la autoridad política específica del área de Marina Mercante.
El conflicto quedó circunscripto al cruce entre Prefectura, empresas armadoras y gremios, en un contexto de fuerte tensión institucional por el alcance de la protesta.
El trasfondo del reclamo
Detrás del paro aparece la discusión por los cambios impulsados por el Gobierno en materia de desregulación del sector marítimo y laboral.
Según los gremios, a través de reformas normativas se excluyó a los marinos mercantes del régimen laboral general. remitiéndolos a la antigua Ley de Navegación de 1960 y a la figura del “contrato de ajuste”.
Desde el sector sindical advierten que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsa un esquema que busca poner a los trabajadores argentinos a competir en igualdad de condiciones con tripulaciones extranjeras.
Esto –entienden–, podría derivar en un escenario de pérdida de empleos y de debilitamiento de la Marina Mercante nacional.
Señalan que ese esquema remite a modalidades de contratación por viaje, sin relación de dependencia permanente, sin acumulación de antigüedad ni estabilidad laboral.
En la práctica, sostienen, equipara las condiciones de los trabajadores locales con las de tripulantes extranjeros y habilita un modelo de contratación globalizado.
Para los sindicatos, el objetivo final es desregular la navegación nacional y abrir el mercado sin las protecciones históricas del sector.
Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que las reformas apuntan a modernizar la actividad y hacerla más competitiva.
