Por Redacción Argenports.com

En medio del avance privatizador del Gobierno nacional, se consolida una fuerte movida empresarial: cinco de las principales compañías cerealeras que operan en la Argentina —Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company, ACA y Aceitera General Deheza— buscan quedarse con la concesión del tren Belgrano Cargas, una pieza clave para el transporte de granos desde el interior del país hacia los puertos de exportación.

Durante una reunión en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), estas empresas le anunciaron al presidente de la entidad, Miguel Simioni, que están trabajando en esa dirección.

La idea del conjunto es presentar una propuesta formal en el marco de la privatización que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La línea férrea recorre más de 7.600 kilómetros a través de 17 provincias.

Es considerada estratégica no solo para el agro, sino también para el desarrollo de la minería, otro sector que se mostró interesado en la operación.

Logística estratégica y mirada minera

Según informaron desde la BCR, el encuentro permitió reafirmar “la importancia de contar con un sistema ferroviario que impulse el desarrollo productivo, especialmente en las zonas más alejadas de los puertos, como el NOA”.

También se destacó la necesidad de concluir obras clave.

Al respecto se mencionó el Circunvalar Ferroviario de Santa Fe, lo que permitiría mejorar significativamente la eficiencia logística en una zona neurálgica para el tránsito de cargas.

Según precisó el diario Infobae, el interés por el Belgrano Cargas no se limita al agro.

En tal sentido, también hay gigantes mineros como Río Tinto que ya habrían manifestado su intención de participar del proceso.

Para el Gobierno, este potencial ingreso de dólares refuerza la apuesta por privatizar activos estatales como la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) y Belgrano Cargas y Logística (BCyL), dos de las empresas más avanzadas en el proceso.

Un esquema de acceso abierto

El modelo que impulsa el Ejecutivo es el de concesión de infraestructura ferroviaria con acceso abierto.

Esto implica que las empresas que resulten adjudicatarias de la operación de las vías deberán permitir la circulación de otros operadores, a cambio del cobro de una tarifa.

Por su parte, el material rodante de BCyL será vendido a través de un remate público.

También se concesionarán los talleres y otras instalaciones clave del sistema.

Todo este proceso es conducido por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

La dependencia está bajo la órbita del Ministerio de Economía, y tiene como figura central a Diego Chaer.

Mientras tanto, continúa un relevamiento técnico de los activos en juego.

Este comprende el estado de vías, talleres y otras infraestructuras—, que será fundamental para el armado de los pliegos licitatorios.

Los sectores clausurados, fuera del radar

Más allá del interés empresario, el Gobierno dejó en claro que no hay por ahora una política activa para reactivar los tramos ferroviarios actualmente inactivos.

Según trascendió, una eventual vuelta a funcionamiento de esas líneas requeriría estudios sociales y urbanísticos que no forman parte del actual proceso de privatización.