Por Argenports.com

El Gobierno nacional eliminó una traba burocrática que pesaba sobre las operaciones en ríos y encendió nuevas tensiones en el ámbito marítimo.

Tal como informó Argenports.com, días atrás la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) derogó la Disposición 21/2023, que obligaba a las empresas a contar con una habilitación adicional para realizar transbordos entre buques en aguas interiores.

La decisión, que entró en vigencia inmediata, fue celebrada por el sector portuario. “La burocracia entorpecía la operatoria sin aportar mejoras reales a la seguridad”, señalaron desde una terminal del Paraná a LU17.

Según explicó la ANPyN, “no se justifica duplicar controles ya existentes”, dado que las operaciones ya están reguladas por la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y el marco normativo que aplica Prefectura Naval.

Reestructuración normativa

La medida se enmarca en la reestructuración impulsada tras la creación de la ANPyN por el DNU 3/2025, que disolvió la ex Subsecretaría de Puertos y liquidó la Administración General de Puertos (AGP).

Como nuevo ente autárquico, el organismo asumió la revisión integral del esquema normativo vigente.

Desde ahora, las empresas ya no necesitarán una habilitación específica para realizar transbordos en ríos. Prefectura Naval seguirá siendo la autoridad encargada de supervisar estas maniobras bajo el marco del REGINAVE.

Señales de alarma en el mar

Pese a las aclaraciones oficiales, la medida encendió alarmas en el sector marítimo. Sindicatos y cámaras empresarias advirtieron que, de aplicarse la misma lógica en aguas abiertas, podrían multiplicarse los riesgos ambientales y la competencia desleal.

“Tememos que esta resolución sea la puerta de entrada para liberalizar también el transbordo marítimo”, expresaron desde el sector gremial, al remarcar que estas operaciones requieren condiciones específicas, protocolos de seguridad diferenciados y fiscalización reforzada.

Por ahora, la ANPyN evitó pronunciarse sobre el mar y reiteró que la disposición se limita exclusivamente al ámbito fluvial.

Sin embargo, en el sector marítimo persiste la cautela: “No se puede tratar igual el río y el mar”, remarcan armadores y sindicatos, que ven en esta decisión un antecedente que podría marcar la próxima disputa.