Redacción Argenports.com
El gobierno argentino le otorgó a la petrolera malaya Petronas, socia de YPF en Vaca Muerta, los beneficios económicos, impositivos y cambiarios del Decreto 929, una norma lanzada en 2013 para petroleras que eleven su nivel de inversión en el país, pero nunca había entrado en funcionamiento.
La Secretaría de Energía instrumentó la medida mediante la resolución publicada en el Boletín Oficial 779/22, donde le otorga a la petrolera asiática “los beneficios del Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” para el área La Amarga Chica, el bloque de shale oil que comparte en sociedad con YPF.
Sergio Massa, ministro de Economía, en un viaje que realizó a Estados Unidos en septiembre pasado, les prometió a los ejecutivos de las petroleras de ese país que iba a reactivar el decreto que otorga beneficios para invertir en Vaca Muerta.
La gigante norteamericana Chevron, que desarrolla el área Loma Campana en Neuquén, es una de las perjudicadas por la no implementación del Decreto 929.
Petronas produce alrededor de 40.000 barriles diarios de petróleo y 1.000.000 de metros cúbicos diarios de gas desde La Amarga Chica y es una de las compañías que más exporta su producción de crudo de la cuenca Neuquina. En septiembre firmó un acuerdo con YPF para realizar un estudio de factibilidad para un proyecto de GNL.
Una resolución de casi 10 años
El Decreto 929 fue lanzado por Cristina Fernández de Kirchner en su segunda presidencia para impulsar el incipiente desarrollo de los hidrocarburos no convencionales de la cuenca Neuquina.
Si bien fue la primera medida para incentivar el desarrollo de Vaca Muerta, nunca entró en funcionamiento.
El decreto prevé beneficios para las petroleras después del quinto año de iniciada la inversión, que debe ser mayor a US$ 250 millones.
Petronas e YPF son socias en La Amarga Chica desde 2014 y en 2018 realizaron el pedido para incorporarse al régimen de beneficios económicos y fiscales de la medida. Llevan invertidos más de 1.000 millones de dólares.
La norma habilita a que las compañías puedan exportar el 20% de su producción de crudo y gas sin retenciones y disponer libremente de las divisas generadas por esas ventas al exterior.