Como propietario de una empresa pyme dedicada al desguace de buques, me encuentro navegando en un océano de desafíos y oportunidades en la comercialización mundial de chatarra naval.
El desguace de buques inactivos ha surgido como una fuente vital de materiales reciclables, y las empresas pymes, como la nuestra, desempeñan un papel preponderante en esta industria especializada.
Sin embargo, las complejas regulaciones, especialmente las restrictivas en Argentina desde 2009, plantean interrogantes sobre la libertad de comercio y su impacto en la sostenibilidad ambiental.
La economía circular, un principio que aboga por la reutilización y reciclaje para cerrar el ciclo de vida de los materiales, encuentra en el desguace de buques inactivos una manifestación concreta de sus ideales.
La chatarra naval, compuesta mayormente por acero y otros metales, se convierte en una valiosa fuente de recursos cuando se reintegra en la cadena de producción. Este proceso no solo contribuye a reducir la demanda de materias primas, sino que también minimiza la generación de desechos y promueve la gestión sostenible de recursos.
Las empresas pymes han emergido como líderes en esta industria especializada. Nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las cambiantes dinámicas del mercado nos han permitido desempeñar un papel preponderante en el desguace de buques, generando empleo y contribuyendo al desarrollo sostenible. Sin embargo, las regulaciones restrictivas, como el Decreto 1040/2020 en Argentina, han presentado un desafío significativo para nuestra operación.
La suspensión de exportaciones de desperdicios y desechos de fundición de hierro, acero y chatarra desde 2009 ha impactado negativamente en la libertad de comerciar, generando un terreno propicio para la cartelización de la oferta por parte de los compradores locales.
Esta medida, aunque busca proteger el mercado interno, también plantea interrogantes sobre la competitividad y la equidad en el comercio.
Recientemente, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) modificó el artículo 609 del Código Aduanero argentino, estableciendo que el Poder Ejecutivo Nacional no puede imponer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos.
Sin embargo, la persistencia de la prohibición de exportación de chatarra naval crea un escenario confuso y contradictorio. La colisión entre las normas anteriores y el DNU plantea la necesidad de una revisión más profunda y coherente de las políticas comerciales.
Comparativa de precios a nivel global
Para contextualizar este desafío, es fundamental analizar la comparativa de precios a nivel global.
En Turquía, la chatarra ferrosa oscila entre u$s 345 y u$s 380, en la India se paga unos u$s 430, y el mercado vietnamita ofrece precios por debajo de los u$s 400 por tonelada.
En Argentina, el precio de referencia en diciembre de 2022 era de u$s 110. Esta diferencia notable afecta directamente la competitividad de la industria nacional.
La persistencia de la prohibición de exportación de chatarra naval crea un escenario confuso y contradictorio. La colisión entre las normas anteriores y el DNU plantea la necesidad de una revisión más profunda y coherente de las políticas comerciales.
Un dato adicional resalta la asimetría en los precios de la chapa naval. Mientras en Argentina se vende a precios que oscilan en torno a los u$s 2000, en otras partes del mundo se consigue cerca de u$s 1000 por tonelada. Esta discrepancia subraya la necesidad de abordar distorsiones en los precios y de crear condiciones equitativas para las empresas del sector.
En conclusión, enfrentamos una realidad compleja en la comercialización de chatarra naval. La economía circular, el cuidado del medio ambiente y la equidad en el comercio internacional son esenciales para una operación sostenible.
El análisis comparativo entre las normas restrictivas y el DNU destaca la importancia de buscar un equilibrio que permita el desarrollo perdurable de nuestra industria, contribuyendo al crecimiento económico y a la protección del medio ambiente.
