Por Redacción de Argenports.com
La Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata manifestó su preocupación por el proyecto de Ley de Cabotaje que se encuentra en tratamiento en el Senado. La entidad pidió revisar la iniciativa porque considera que podría perjudicar a la marina mercante y a la construcción naval argentina.
Se trata del proyecto S-1844/26, denominado “Régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria”. Ingresó al Senado el 20 de octubre de 2026 y actualmente está bajo análisis de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
“Se busca un fin loable, reducir el costo del transporte fluvial y marítimo, pero se lo hace desde una visión incompleta y con serias deficiencias conceptuales”, afirmó Domingo J. Contessi, presidente de la Cámara.
Según sostuvo, la iniciativa podría terminar “generando competencia desleal y afectando a otras industrias, como la construcción naval”.
Las advertencias de la industria naval
La Cámara reconoció que la marina mercante argentina quedó reducida a su mínima expresión y que parte de la flota emigró a Paraguay debido a costos laborales, fiscales y judiciales de operar bajo bandera nacional.
Sin embargo, cuestionó la solución propuesta. Según la entidad, el proyecto podría llevar a la desaparición de la flota nacional que aún queda o forzarla a operar en condiciones de desventaja.
Además, señaló que la iniciativa omite a la industria naval argentina. Los astilleros y talleres asociados a la Cámara trabajan principalmente para la flota pesquera, pero también cuentan con capacidad para construir y reparar distintas clases de buques.
Uno de los puntos cuestionados es la posibilidad de que buques extranjeros ingresen en admisión temporaria sin pagar derechos de importación ni IVA y sin límite de antigüedad.
Para la Cámara, esto otorgaría una ventaja frente a los barcos construidos en el país y también respecto de los importados que sí tributan.
Reparaciones, flota e incentivos
La entidad también advirtió que el proyecto no establece una antigüedad máxima para los buques. A su entender, esta condición podría favorecer el ingreso de embarcaciones usadas y desalentar la renovación de la flota.
Otro cuestionamiento apunta a las reparaciones y el mantenimiento. La iniciativa no establece que esas tareas deban realizarse en astilleros argentinos.
También quedarían alcanzados segmentos como barcazas, empujadores, dragas, embarcaciones de apoyo offshore, buques de carga general, portacontenedores y de pasajeros.
La Cámara cuestionó, además, que la amortización acelerada prevista en la iniciativa no exija construcción local y pueda utilizarse para financiar la compra de buques usados importados. Según indicó, el proyecto tampoco menciona la Ley 27.418 de Promoción de la Industria Naval.
El pedido para modificar el proyecto
Entre otras observaciones, la entidad planteó reparos sobre los requisitos de tripulación, los plazos para el cese de bandera, la protección vinculada a Malvinas y la falta de reciprocidad con países que mantienen reservado su propio cabotaje.
Como referencia, mencionó la Jones Act de Estados Unidos, que exige que los buques estén construidos, matriculados y tripulados por nacionales para operar bajo ese régimen.
Pese a sus críticas, la Cámara consideró positivas las simplificaciones previstas para el transporte de contenedores, el libramiento en origen y el conocimiento de embarque digital.
Por eso, pidió abrir una instancia de diálogo con la industria naval, los armadores y los trabajadores antes de avanzar con la redacción actual.
Entre sus propuestas figuran reducir los costos de operar bajo bandera argentina, limitar la admisión de buques extranjeros a situaciones excepcionales, exigir que las reparaciones se realicen en astilleros nacionales y vincular los incentivos fiscales con la construcción naval en el país.
“La industria naval argentina está dispuesta a ser parte de la solución. No puede aceptar ser su variable de ajuste”, concluyó Contessi.