Argentina pide al Tribunal del Mar que frene el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas

Las audiencias comenzaron este martes en Hamburgo. El Gobierno argentino solicitó medidas urgentes contra el Reino Unido mientras avanza el arbitraje. Las empresas prevén iniciar las perforaciones a comienzos de 2027.
El Tribunal del Mar analiza el pedido argentino para impedir la explotación de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. El proyecto contempla 11 pozos submarinos en su primera etapa. Foto Grupo GQS.
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Por Redacción Argenports.com

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar abrió este martes en Hamburgo las audiencias por el pedido de la Argentina para frenar Sea Lion, el proyecto petrolero que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration desarrollan al norte de las Islas Malvinas con licencias otorgadas por la administración británica del archipiélago.

La Argentina inició el arbitraje contra el Reino Unido el 28 de septiembre y presentó el pedido de medidas provisionales el 13 de octubre. Las audiencias se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre.

El tribunal de Hamburgo deberá decidir si dicta esas medidas mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.

Los argumentos de la Argentina

El Gobierno argentino sostiene que la extracción de petróleo de la plataforma continental en disputa causaría un perjuicio irreversible. Su argumento es que una resolución posterior ya no podría restituir el recurso extraído.

Buenos Aires invocó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía sobre las islas. La segunda instó a las partes a evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras se busca una solución.

La Argentina pidió que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación y se abstenga de otorgar nuevos permisos. También solicitó que Londres evite usar en perjuicio del país los datos obtenidos durante la exploración y que le permita cumplir sus obligaciones de protección del ambiente marino. La presentación advierte que un eventual derrame podría alcanzar aguas argentinas fuera del área en disputa.

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El Reino Unido cuestiona la competencia del tribunal arbitral

En un escrito incorporado al expediente el 2 de noviembre, el Reino Unido anticipó que pedirá el rechazo de todas las medidas. Londres cuestiona la competencia del futuro tribunal arbitral y sostiene que la Argentina no acreditó la urgencia ni el riesgo de un daño irreparable.

En esta etapa, los jueces de Hamburgo deben evaluar si el futuro tribunal arbitral tendría competencia en principio, si los derechos que invoca la Argentina son plausibles y si la situación exige una intervención urgente. La decisión de Hamburgo se limitará al pedido de medidas provisionales.

Once pozos submarinos y un buque de producción

El yacimiento se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 200 kilómetros al norte de las islas, según la presentación argentina. Navitas opera el proyecto con una participación del 65% y Rockhopper tiene el 35% restante.

La primera etapa contempla 11 pozos submarinos conectados al Aoka Mizu, un buque de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO). El desarrollo también incluye la preparación de un muelle y una base logística en tierra para asistir a las operaciones.

De acuerdo con el cronograma de las empresas, las perforaciones comenzarían a principios de 2027 y la producción arrancaría en marzo de 2028. La segunda etapa sumaría otros 12 pozos submarinos unos tres años después del inicio de la producción.

Un órgano judicial de las Naciones Unidas

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) es un órgano judicial independiente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Tiene jurisdicción sobre cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación de la Convención, así como sobre todas las cuestiones específicamente previstas en cualquier otro acuerdo que le confiera jurisdicción.

Las controversias relacionadas con la Convención pueden versar sobre la delimitación de zonas marítimas, la navegación, la conservación y gestión de los recursos vivos del mar, la protección y preservación del medio marino y la investigación científica marina.

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