Por Redacción Argenports.com
La Cámara de Puertos Privados Comerciales elevó el tono frente a la continuidad de los bloqueos en Puerto Quequén y calificó la situación como “un ataque a la economía nacional”, en un contexto donde ya se acumulan pérdidas millonarias.
Según la entidad, más de 30 buques permanecen en espera —22 en Bahía Blanca y 9 en Quequén— con entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos sin embarcar, lo que implica que al menos USD 450 millones no ingresaron al país.
El conflicto se originó el 7 de abril, cuando transportistas de granos, principalmente de Buenos Aires y Córdoba, iniciaron un paro total con bloqueos en reclamo de una recomposición de tarifas ante el aumento de costos, especialmente del combustible.
Ese reclamo, sin embargo, fue resuelto pocos días después mediante acuerdos entre las principales cámaras del transporte.
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Persistencia del conflicto en Quequén
A pesar de ese entendimiento, la protesta continuó en algunos puntos y derivó en un estrangulamiento del flujo logístico durante más de dos semanas.
La Cámara de Puertos Privados Comerciales sostiene que un grupo minoritario de transportistas autoconvocados mantiene bloqueados accesos y rutas en la zona de influencia de Puerto Quequén.
La entidad también denunció prácticas intimidatorias y exigencias tarifarias que considera desproporcionadas, incluyendo amenazas de represalias físicas contra otros camioneros, algunas ya registradas por la Justicia.
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Impacto en toda la cadena
El freno en la operatoria afectó de manera directa a productores, acopios, cooperativas, industrias y exportadores, además de los propios transportistas.
Según la cámara, la situación deteriora la cadena de pagos y compromete la competitividad del sistema agroexportador argentino.
Mientras tanto, en Bahía Blanca la actividad comenzó a normalizarse luego de que los autoconvocados levantaran las medidas y liberaran los accesos, con apoyo de fuerzas de seguridad.
Pedido de intervención urgente
En Quequén, en cambio, el puerto continúa paralizado, profundizando el impacto económico.
Por ese motivo, la Cámara de Puertos Privados Comerciales pidió la intervención urgente de autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como del Poder Judicial.
El objetivo, remarcaron, es restablecer el orden dentro del marco legal y poner fin a prácticas que consideran ilegítimas y que afectan el normal funcionamiento del comercio exterior.