Por Redacción Argenports.com
El sistema portuario argentino sumó en las últimas horas un foco de tensión que va más allá de un conflicto puntual entre prestadores.
Tras una audiencia realizada en Rosario ante la Secretaría de Trabajo, gremios y cámaras empresarias formalizaron denuncias por presunta competencia desleal en el servicio de amarre, un eslabón crítico para la seguridad y eficiencia de las operaciones.
La audiencia que formalizó el conflicto
Según informó el medio rosarino 11Noticias, la audiencia concretada esta semana reunió a representantes sindicales y empresariales del sector marítimo, entre ellos el SOMU, la Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM) y el Centro de Patrones, junto con cámaras como la CESLAA.
En ese ámbito, las partes dejaron asentada en acta la preocupación por la proliferación de lanchas que operarían fuera del marco regulatorio.
De acuerdo con esa cobertura, el planteo también se apoya en presentaciones previas realizadas por actores del sector, lo que indica que la problemática no es nueva, aunque ahora adquiere un carácter formal y abre una instancia de posible intervención estatal.
Según pudo reconstruir Argenports.com a partir de fuentes consultadas, el eje del conflicto gira en torno a la existencia de prestadores que no contarían con las habilitaciones exigidas.
Esta situación, advierten, genera una distorsión en términos de costos frente a empresas registradas y, al mismo tiempo, introduce interrogantes sobre las condiciones de seguridad en las maniobras.
Impacto en la operatoria y presión sobre terminales
El impacto potencial va más allá de la disputa entre operadores de amarre. En el sector comienza a tomar fuerza la idea de que el foco podría extenderse hacia las terminales portuarias, en la medida en que se intensifiquen los controles sobre los servicios contratados.
Esto implicaría un cambio relevante en la dinámica operativa, con mayores exigencias de verificación y cumplimiento normativo.
El trasfondo del conflicto también expone un punto estructural del sistema portuario: la fragmentación en los controles.
El servicio de amarre no depende de una única autoridad, sino que involucra a distintos organismos con competencias parciales.
Mientras la Prefectura Naval Argentina regula aspectos vinculados a la seguridad y habilitación de embarcaciones, otras áreas intervienen en lo laboral y operativo.
Esta superposición de jurisdicciones abre zonas grises que, según coinciden fuentes del sector, facilitan la aparición de prácticas irregulares.
El servicio de amarre cumple un rol central en cada operación de ingreso y egreso de buques, por lo que cualquier alteración en su prestación puede traducirse en demoras, reprogramaciones o mayores costos logísticos.
En un contexto de alta exigencia para las exportaciones, la posibilidad de sumar nuevas restricciones genera preocupación entre los actores del sistema.
El conflicto tiene como epicentro el Gran Rosario, aunque su evolución es seguida de cerca en otros nodos portuarios del país.
La combinación de presión gremial, planteos empresariales y participación del Estado configura un escenario abierto, que podría derivar en definiciones en el corto plazo.
Por lo pronto, el tema logró instalarse en la agenda sectorial y promete nuevos capítulos a medida que avance el proceso iniciado tras la audiencia.
La clave estará en si las denuncias se traducen en medidas concretas que reordenen el esquema del servicio de amarre y reduzcan las asimetrías señaladas por los actores involucrados.