El Gobierno no elimina el practicaje pero avanza con una fuerte desregulación del sistema

Un proyecto de decreto al que accedió Argenports introduce competencia, flexibiliza su uso y apunta a reducir costos en la navegación y la operatoria portuaria
La iniciativa redefine reglas históricas del practicaje, habilita mayor libertad de contratación y busca evitar que conflictos sectoriales afecten el comercio exterior. Foto Gerardo Roberto.
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Por Adrián Luciani /info@argenports.com

El Gobierno nacional avanza con una reforma de alto impacto sobre el sistema de practicaje a través de un proyecto de decreto al que accedió Argenports, en línea con la agenda de desregulación del Estado y con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior.

El texto deja en claro un punto central: no elimina el practicaje, pero sí modifica de raíz su funcionamiento en ríos, puertos y canales de la Argentina.

Un cambio de fondo en un servicio clave

El practicaje continuará siendo un servicio público obligatorio en aquellas zonas donde la seguridad de la navegación lo requiera, tal como establece la legislación vigente.

Sin embargo, el nuevo esquema elimina restricciones históricas y abre el mercado: los prácticos podrán inscribirse sin límite de número y ser contratados libremente por los usuarios, lo que introduce competencia “en un sistema tradicionalmente cerrado”.

Además, se habilita que la Prefectura Naval Argentina y la Armada puedan prestar servicios de practicaje, pilotaje o baquía, ampliando la oferta disponible.

Tarifas libres y presión sobre los costos

Uno de los ejes centrales del proyecto es la desregulación tarifaria. Los valores del servicio serán acordados entre las partes, aunque el Estado podrá establecer tarifas máximas.

A la vez, se incorporan mecanismos de transparencia: las empresas deberán publicar precios y reportar operaciones a la autoridad de aplicación y a los organismos de defensa de la competencia.

Menos obligatoriedad en ciertos casos

El proyecto también revisa los criterios de obligatoriedad del practicaje, con la posibilidad de elevar los umbrales de eslora y calado en determinadas zonas.

La medida apunta a reducir costos que hoy no tendrían un correlato directo con la seguridad, en un contexto donde las condiciones operativas y las ayudas a la navegación han evolucionado.

En la misma línea, se reconoce la idoneidad de capitanes extranjeros con conocimiento de zona y dominio del inglés, lo que podría evitar la duplicación de servicios en determinadas operaciones.

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Transporte y servicios con menos barreras

Otro punto clave es la apertura en el transporte de prácticos. El proyecto elimina barreras de entrada y permite que estos servicios puedan ser prestados por distintos operadores, incluyendo embarcaciones comerciales que cumplan con los estándares de seguridad.

También se establece que el práctico no podrá condicionar su servicio a la contratación de otros servicios asociados.

Un sistema preparado para evitar bloqueos

La iniciativa incorpora herramientas para garantizar la continuidad del servicio ante conflictos sectoriales.

En situaciones de crisis, se habilita la posibilidad de que capitanes con conocimiento de zona actúen como prácticos de manera temporaria, con el objetivo de evitar que disputas paralicen la operatoria portuaria.

Impacto directo en el negocio portuario

El nuevo marco se inscribe en una estrategia más amplia orientada a reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.

En ese contexto, el practicaje aparece como un punto crítico: cualquier cambio en su regulación impacta directamente en el costo del flete.

Y también lo hace en la eficiencia de los puertos y en la dinámica del sistema.

La discusión recién comienza, pero el proyecto anticipa un escenario de fuerte debate en uno de los sectores más sensibles del sistema portuario argentino.

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