Redacción Argenports.com
La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp) aseguró hoy que la media sanción por parte del Senado del proyecto de ley que determina cupos para determinados colectivos a bordo de los buques de la actividad "es un paso adelante" en "la visibilización de esa problemática", pero señaló que "no resuelve el tema de fondo".
El secretario general del gremio e integrante de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Jorge Frías, añadió que "el sistema no podrá aportar las cantidades necesarias por un plazo que para los cargos de menor responsabilidad a bordo demandará al menos dos o tres años y el doble o triple para los de mayor responsabilidad", ya que la tarea es de "alto riesgo".
El proyecto aprobado por el Senado de la Nación, presentado por la legisladora chubutense Nancy González, obliga a los barcos pesqueros del país a contar entre su tripulación con un mínimo de un 30% de mujeres, además de personas travestis y de transexuales en un 1%. La iniciativa fue girada a la Cámara de diputados para su tratamiento.
Frías explicó que luego de años de embarco -medidos por días navegados llamados singladuras- se accede a la formación superior en la Escuela Nacional de Pesca de Mar del Plata, y luego se obtiene el título de menor categoría en cubierta o máquinas y, mediante acumulación de singladuras, cursos y exámenes, se transita la carrera.
"Se requiere tiempo académico y personal para sostener una vida digna y experiencia laboral a bordo. Además, no existe prohibición que impida el acceso de esos colectivos a la formación, por lo que no se entienden las razones para determinar cupos. El proyecto solo aborda la problemática al final del proceso y generará la interrupción de la cadena. No lo hace para resolver el tema de fondo, que es la formación como un todo", remarcó.
"Esa responsabilidad es confiada a profesionales educados en el contexto de un sistema de formación creado a partir de obligaciones que el Estado nacional asume como signatario de convenios internacionales. En el caso de la pesca, implica la formación inicial en escuelas que dependen del Estado o privados y, que luego de un año de estudios, permite acceder a certificados de competencia para menor responsabilidad náutica", señaló el dirigente.
Frías señaló además que la iniciativa determina "un régimen compulsivo que contradice el espíritu de la promoción que propone como incentivo para las empresas", y expresó que existe el riesgo de que se transforme en una norma "de cumplimiento imposible y con un régimen sancionatorio que será cuestionado en su legalidad, lo que puede evitarse".
"El camino es el incentivo a la educación, la facilitación del acceso a la formación, la dignidad de los trabajadores, que deben ganar ese espacio por su capacidad y competencia y no por un cupo imposible de cumplir, que generará discrecionalidad a partir de las excepciones", concluyó el dirigente gremial en el documento de prensa.
