Redacción Argenports.com
Un estudio de las organizaciones Proyecto Económico y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) propuso avanzar hacia una gestión estatal de la administración de la hidrovía del Río Paraná, el canal navegable que conecta Argentina con Brasil y Paraguay, y que integra numerosos actores del sector privado.
El actual sistema de explotación comercial del Paraná "tiene serias deficiencias y genera graves perjuicios económicos" y su problema central "reside en el déficit en materia de controles y regulaciones, lo que facilita el fraude fiscal y las prácticas ilícitas", indicó el trabajo elaborado por Proyecto Económico, bajo la dirección de la diputada Fernanda Vallejos, y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), presidido por la licenciada Marisa Duarte.
El estudio propone la administración y control estatal de la hidrovía, la creación de un órgano de control sobre prácticas ilícitas, y centralizar en una base la información económica y financiera de puertos públicos y privados habilitados, así como la de zonas de producción, embarcaciones en operaciones y procesamiento a transporte, de forma de poder monitorear el tráfico comercial, así como al tráfico ilícito.
A su vez, el informe conducido por Vallejos y Duarte, sugiere que la AGP podría ser parte de la administración y control estatal de la ruta fluvial, aboga por el fortalecimiento de los mecanismos de control para combatir las operaciones fraudulentas en las declaraciones mediante subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, y el contrabando de bienes transables.
También pide mejorar los procedimientos de fiscalización aduanera en los puertos privados, “mediante la provisión de recursos técnicos, humanos, tecnológicos y regulatorios en las dependencias de la AFIP/DGA”; y un mayor “control de la navegación y operatoria de embarcaciones de bandera extranjera”.
Entre los 14 puntos que, a modo de propuestas concretas, aparecen en la síntesis final, se plantea la “revisión integral de la Ley Nacional de Puertos con el objetivo de recuperar la capacidad de control, fiscalización y transparencia en el movimiento de las mercancías, lo que debe ser incluido en la legislación”.
Otro de los puntos establece la creación de un “Registro Nacional de Puertos Públicos y Privados” y el control de las habilitaciones.
“De lo que se trata es de tener la capacidad soberana sobre las propias aguas, para fiscalizar la operatoria de transporte, carga y descarga de granos, oleaginosas y derivados, así como del conjunto de bienes transportados objeto del comercio exterior argentino, con el propósito de evitar operaciones fraudulentas que lesionen el interés nacional y debiliten el bienestar general del pueblo argentino”, concluye el trabajo de Proyecto Económico y el IADE.
También impulsa la habilitación y obra del Canal de Magdalena y la recuperación del cobro de peajes por parte del Estado, que deberá fijar las nuevas tasas.
Con respecto al dragado, sugiere una evaluación técnica de la factibilidad, tiempos y costos para que Argentina realice esta tarea. Mientras que reclama el aprovechamiento y fortalecimiento de las capacidades nacionales en las tareas de balizamiento.