En los lineamientos del borrador se establece la posibilidad de que el gobierno cambie las tarifas del peaje, que hasta ahora están fijadas por el contrato de concesión. Foto Gente de Río.
Redacción Argenports.com
En un escenario de aguas revueltas, y no precisamente producto de la bajante del río Paraná, se encuentra el futuro de la hidrovía o canal troncal de navegación.
Mientras en el seno del gobierno se viene dando una dura puja entre los que impulsan un drástico cambio de sistema (nacionalización y cobro de peaje) y los que prefieren continuar con el status quo vigente, del otro lado, el sector agroexportador sigue con muchísima atención (en algunos casos preocupación), la marcha del proceso.
Y por si faltara poco al cúmulo de versiones y trascendidos que vienen circulando en los últimos meses, se conoció en las últimas horas un detallado y revelador informe publicado por el periodista rosarino Mariano Galindez, de Rosario 3.
Allí se señala que ya circula entre importantes empresarios un borrador de decreto de 6 páginas con fecha del viernes 29 de mayo, que lleva la firma del jefe de asesores, Abel De Manuele, donde el gobierno nacional analiza concesionar por 12 meses las obras de mantenimiento de la hidrovía mientras prepara una nueva licitación con cambios de fondo.
Mariano Galíndez dio a conocer un borrador con cambios que podrían tener enorme relevancia en el futuro de la cadena logística nacional.
Cabe recordar que la concesión del sistema troncal de navegación a la empresa Hidrovía SA, integrada por la belga Jan de Nul y la argentina Emepa, venció en mayo y el gobierno extendió el contrato por 90 días para preparar la nueva concesión.
El borrador al que tuvo acceso Galíndez establece tres líneas de acción principales:
1) Se le otorga a la Administración General de Puertos (AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal comprendida entre el kilómetro 1238 del RÍO PARANÁ (punto denominado Confluencia) hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el RÍO DE LA PLATA exterior.
2) Se le delega al Ministerio de Transporte de la Nación la confección, aprobación e interpretación del contrato de concesión a suscribir con la AGP, en el cual se fijarán las condiciones de prestación del servicio, y se establecerá esencialmente un plazo de duración de doce meses a partir de la finalización del plazo establecido por la resolución que extendió el contrato actual por 90 días.
3) Además, al Ministerio de Transporte se le otorga la facultad para establecer la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje, que percibirá la AGP . sus reglamentaciones, sin perjuicio de las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado nacional que transitoriamente resulte necesario efectuar, a los fines establecidos en el contrato.
En esos lineamientos se establece la posibilidad de que el gobierno cambie las tarifas del peaje, que hasta ahora están fijadas por el contrato de concesión.
“No en vano, los usuarios de la hidrovía (navieras, puertos, agroexportadores) vienen pidiendo que se rebaje el costo de la tarifa habida cuenta de que la concesión ya venció y las inversiones ya fueron amortizadas. En definitiva, se abre ahora la posibilidad de discutir tarifas y habrá que ver si el gobierno así lo dispone”, dijo Galíndez.
Además, que la AGP, por los 12 meses que dure la concesión, sea la que cobre los peajes y ya no el concesionario privado (que pasará a ser ahora un contratista) es un todo un guiño al kirchnerismo bonaerense que así lo viene exigiendo.
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Al tratarse de una plazo corto y por período de transición (y en el que no habrá grandes obras de fondo que encarezcan la tarifa), la disposición deja también sin mucho margen a los empresarios para oponerse.
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“Los usuarios privados del sistema temen que al cambiar el tipo de relación (el dragador pasa de tener una concesión a ser un contratista del gobierno), la hidrovía entre en la lógica de la obra pública en la que el contratista le inyecta en los costos de la obra toda la incertidumbre que supone trabajar con el Estado presionando así hacia arriba el valor del peaje. Además, hay temor de que si el dinero ingresa al Tesoro Nacional se termine direccionando hacia otros fines y la hidrovía quede desfinanciada, como ocurre en el Senasa”, agregó.
En el borrador de decreto también se le otorga al Ministerio de Transporte la facultad "de delimitar los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y/o secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, con relación a los distintos servicios que se prestan en los mismos".
Si bien puede tratarse de una mera formalidad y no se trata de una cuestión muy simple de ejecutar tanto, en el borrador de decreto se deja la puerta abierta a que en estos 12 meses la AGP pueda disponer, por ejemplo, que se draguen accesos a puertos provinciales, como vienen reclamando Santa Fe y Entre Ríos.