Por Redacción Argenports.com
La eliminación de la obligatoriedad de contratar serenos en los puertos argentinos, establecida por el Decreto 37/2025 del presidente Javier Milei, ha generado un nuevo conflicto entre el Gobierno Nacional y la provincia de Buenos Aires.
Mientras la administración nacional promueve esta medida como parte de su agenda de desregulación, los puertos bonaerenses gestionados por consorcios provinciales, como Quequén y Bahía Blanca, han decidido mantener la contratación de serenos, desafiando la disposición presidencial y avivando la disputa entre ambas administraciones.
Posturas contrapuestas
En el Puerto de Quequén, la presidenta del Consorcio de Gestión, Lic. Jimena López, firmó una resolución destacando la importancia de los serenos para la seguridad de buques, cargas y zonas operativas.
Siguiendo esta línea, recomendó mantener la obligatoriedad del servicio bajo los lineamientos del Decreto 890/80, vigente antes de la modificación nacional.
En Bahía Blanca, según informó el portal SL24, el impacto del decreto se hizo evidente con la llegada del buque Mount Taranaki.
El citado medio precisó que en un primer momento las autoridades locales optaron por no solicitar serenos, lo que provocó el inmediato rechazo de los gremios, encabezados por el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (SUPA) y el Sindicato de Serenos.
Una asamblea gremial paralizó las operaciones hasta que la agencia responsable accedió a la contratación, permitiendo reanudar las tareas de carga.
Un choque entre modelos de gestión
Desde el Gobierno Nacional, se argumenta que la eliminación de la obligatoriedad de los serenos fomenta la libre competencia y reduce costos operativos, alineándose con una política económica más eficiente.
Sin embargo, la administración bonaerense considera que esta medida pone en riesgo la seguridad operativa y el empleo en los puertos de su jurisdicción.
El gobernador Axel Kicillof, crítico constante de las políticas de Milei, ha advertido que estas decisiones generan incertidumbre laboral y afectan la economía local.
Según los gremios portuarios, los serenos desempeñan un rol fundamental en la vigilancia de buques y cargas, además de actuar como nexo con la Prefectura Naval Argentina.
Rechazo gremial y futuro incierto
Desde el Sindicato de Serenos y el SUPA han manifestado su firme oposición a la desregulación, advirtiendo que no permitirán la eliminación de su actividad y anunciando posibles medidas de fuerza.
En Quequén, el Consorcio del Puerto ha alertado sobre el impacto social y económico de esta política, mientras que en Bahía Blanca el conflicto evidenció la falta de consenso entre las normativas nacionales y provinciales.
La tensión sigue en aumento, y el desenlace de esta disputa aún es incierto. Mientras Milei avanza con su agenda de desregulación, Kicillof y los gremios resisten, defendiendo la obligatoriedad de los serenos como una garantía de seguridad y estabilidad laboral. En este contexto, los puertos bonaerenses se han convertido en el epicentro de un nuevo enfrentamiento político y gremial, cuyas repercusiones podrían extenderse a otros sectores del sistema portuario argentino.
