Por Redacción Argenports.com
La Justicia frenó la implementación del Decreto 340/25, una norma que impulsaba una desregulación profunda de la marina mercante argentina y restringía el derecho a huelga en distintas actividades.
Por un lado, el fuero Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por empresas navieras locales, y por otro, la Cámara Nacional del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de artículos clave del decreto y ordenó reincorporar a más de 100 trabajadores despedidos tras una protesta gremial.
La paralización del Decreto 340 reabre el debate sobre el rumbo que debe tomar la política pública en torno al transporte marítimo y fluvial.
El fallo judicial refuerza la necesidad de diseñar un marco regulatorio que promueva la competitividad sin desproteger a la industria nacional ni a los trabajadores del sector.
A partir de ahora, los ojos del sector naval, portuario y logístico estarán puestos en la evolución del proceso judicial y en los eventuales espacios de diálogo entre el Gobierno y las empresas, instancias clave para definir el modelo de desarrollo y la sostenibilidad futura de la marina mercante argentina.
Riesgos para la industria nacional y los puertos
El fallo del juez Enrique Alonso Regueira respondió a la presentación de cámaras y actores del sector marítimo, quienes alertaron que el decreto atentaba contra la estabilidad jurídica, económica y operativa de las empresas argentinas.
En particular, señalaron que los cambios propuestos en tarifas, permisos de navegación y condiciones laborales de las tripulaciones generaban una competencia desleal frente a compañías extranjeras.
El magistrado subrayó que la aplicación de la norma podía poner en riesgo miles de empleos y comprometer la continuidad de firmas estratégicas para las economías regionales.
Mencionó de forma explícita el impacto negativo que podría generar sobre los puertos del complejo agroexportador, como los de Rosario y el Cordón Industrial, donde opera buena parte del transporte fluvial y marítimo de exportación.
Otro de los puntos críticos fue el incumplimiento del procedimiento de consulta previa con los actores involucrados.
El juez recordó que este es un requisito constitucional indispensable cuando se trata de modificar normativas que afectan derechos adquiridos. Por ello, instó al Gobierno de Javier Milei a iniciar instancias de diálogo con el sector, con el objetivo de buscar una reforma consensuada que preserve la competitividad sin afectar la soberanía logística nacional.
Golpe al corazón del DNU: reincorporan despedidos por huelga
En una resolución paralela, la Cámara Nacional del Trabajo ratificó la acción de amparo presentada por la CGT y declaró la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del Decreto 340/25, que limitaban el derecho a huelga.
Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado coincidieron en que la norma violaba garantías constitucionales al regular derechos fundamentales por vía de decreto, sin cumplir con los requisitos de necesidad y urgencia.
Además, el tribunal laboral ordenó la reincorporación de 117 trabajadores de Corredores Viales, despedidos en abril por decisión del exministro Franco Mogetta, en el marco de una protesta gremial.
Las juezas Graciela Craig y Gabriela Vázquez consideraron que los despidos fueron una represalia por participar en una huelga y que ello afectaba directamente la libertad sindical.
Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), celebraron el fallo: “Demuestra lo que denunciamos desde el primer día. Los despidos fueron una represalia directa por ejercer nuestro derecho a huelga, levantar barreras y defender nuestros derechos colectivos”.
Ambas decisiones judiciales representan un freno importante para el plan de desregulación impulsado por el Ejecutivo y reafirman la vigencia de los derechos laborales y del marco legal que regula a la marina mercante nacional.
