Por Redacción Argenports.com
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de la sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012.
La medida beneficia a los fondos Burford Capital y Eton Park, litigantes en la causa por la nacionalización de la empresa durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión judicial obliga al Estado a transferir las acciones Clase D a una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon en un plazo de 14 días hábiles, instruyendo su traspaso a los demandantes en un día.
Si bien el gobierno argentino puede apelar la sentencia, el impacto político y económico ya se hace sentir.
El impacto financiero y político del fallo
La sentencia forma parte de la causa por la cual Argentina ya fue condenada a pagar USD 16.100 millones, tras determinarse que el Estado no cumplió con el estatuto de YPF, que exigía realizar una oferta pública de adquisición por el total del capital accionario en el momento de la expropiación. En cambio, el gobierno solo compró el paquete accionario a Repsol.
Tras conocerse el fallo, las acciones de YPF cayeron hasta 8% en Wall Street, cerrando la jornada con una baja de 5,6%.
El ADR de la compañía quedó en USD 31,54, afectando también a otros papeles del sector energético como Pampa Energía, Vista Energy y Transportadora de Gas del Sur.
Además, los papeles de Burford Capital, principal beneficiario del fallo, subieron un 22%, superando los USD 14 por acción.
Milei: “Vamos a apelar en todas las instancias”
El presidente Javier Milei reaccionó con dureza en redes sociales, responsabilizando directamente a Axel Kicillof, exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, por lo que calificó como un “desastre jurídico y económico”.
“Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos pagando las consecuencias del peor gobierno de la historia”, expresó Milei, quien aseguró que su administración apelará el fallo en todas las instancias para defender los intereses nacionales.
La Procuración del Tesoro no emitió declaraciones formales, pero fuentes del gobierno confirmaron que se está trabajando en la estrategia legal para responder a la sentencia de Preska.
Una amenaza de fondo: ¿quién será dueño de YPF?
El fallo deja abiertas profundas interrogantes legales y comerciales. Aunque el traspaso de acciones podría quedar suspendido si la apelación prospera, especialistas advierten sobre un nuevo escenario: YPF podría operar con el “fantasma” de que su propietario deje de ser el Estado argentino.
“Burford no quiere gestionar YPF ni hacer una oferta pública. Quiere negociar”, afirmó al medio Infobae Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y uno de los analistas que más ha seguido el caso.
Según explicó, la presión del fallo puede forzar al país a sentarse a la mesa, algo que hasta ahora evitó sistemáticamente.
Además, se plantea un escollo clave: para entregar las acciones sería necesario el aval del Congreso, algo poco probable en el corto plazo.
La expropiación que costó más de USD 17.000 millones
La historia del conflicto se remonta a abril de 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de YPF, entonces en manos de la española Repsol.
El Grupo Petersen, accionista minoritario, inició acciones legales al entender que el Estado violó el estatuto al no lanzar una oferta pública. Posteriormente, Burford Capital compró los derechos de litigio por una suma menor y continuó el proceso judicial.
Preska ya había fallado en 2023 a favor de los demandantes. Con la sentencia de este 30 de junio, el conflicto judicial entra en una nueva etapa, con enormes implicancias económicas, políticas y reputacionales para el país.
