Por la pesca ilegal, la Argentina sufre por año una pérdida de recaudación de u$s 1.400 millones y un daño ecológico estimado en u$s 2.500 millones.
Uno de cada cinco peces es pescado ilegalmente”, señaló Maximiliano Bello, asesor ejecutivo de Políticas Públicas del Océano de la organización Mission Blue.
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Los estudios muestran un patrón de desplazamiento: en el verano pescan en el medio del Pacífico por unas semanas, entre mayo, julio y agosto van a las islas Galápagos y a las costas de Colombia, Perú y Chile, y en estos momentos, una gran parte de la flota se dirige a la zona económica exclusiva de Argentina.
Además del riesgo ambiental y el desfalco económico inmediato, la pesca no reglamentada afecta el desarrollo del sector porque la industria nacional debe competir contra depredadores que, para abaratar costos, explotan recursos sin respetar procesos, ciclos ni regulaciones.
Esto impacta negativamente en puestos de trabajo y en otras actividades conexas como la industria naval
Para combatir este flagelo, los miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Colombia, Chile, Ecuador y Perú, acordaron optimizar los mecanismos de cooperación e intercambio de información en tiempo real, y promoverán la adopción de medidas rápidas y eficientes a nivel local y regional.
Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) valoraron positivamente la iniciativa.
“Es una problemática que afecta a la región en su totalidad y requiere de esfuerzos conjuntos y coordinados. Esta medida es un paso importante para procurar la gobernanza adecuada del océano y para avanzar en el manejo adecuado de los recursos marinos en la región”, dijo Magie Rodríguez Esquivel, abogada junior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera.
El principal acusado en estas prácticas es China.
La flota de aguas profundas de China, que hoy en día incluye más de 17.000 buques, incurre en una amplia gama de conductas problemáticas en las aguas de América Latina, entre ellas la sobrepesca, la captura deliberada y accidental de especies protegidas, el uso de redes de arrastre y otras prácticas que aceleran el colapso de las pesquerías, la contaminación por plásticos y otros desechos, y la entrada y la pesca no autorizadas en las zonas económicas exclusivas y las zonas marítimas protegidas de la región”, resaltó Evan Ellis, analista y profesor asociado en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
El experto destacó además que “Pekín ha negado de manera continua la existencia de estas prácticas, por lo cual está dando la espalda a su responsabilidad para ponerles fin”.
Asimismo, reconoció que, “a pesar de que las violaciones al derecho internacional están bien documentadas y existen varios antecedentes sobre estas actividades en las costas de Ecuador y Argentina, la geografía hace difícil y costosa la protección de las aguas latinoamericanas de las incursiones chinas”.
Mientras tanto, los diputados nacionales Juan Aicega, Francisco Sánchez e Ignacio Torres, presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo dé cuenta de las capturas realizadas por naves extranjeras y las sanciones que se les aplicaron.
Según la ley de Pesca, el 20% del Fondo Nacional Pesquero debe asignarse a equipamiento y tareas de patrullaje y control policial de la actividad.
Fuente: El Cronista.com
