Por Redacción Argenports.com
La reciente derogación por parte de la Cámara de Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, que establecía un régimen de excepción para la marina mercante nacional y desregulaba el cabotaje fluvial, generó una fuerte reacción en el sector portuario privado.
Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresaron su profunda preocupación, al considerar que la medida implica un serio retroceso en la posibilidad de reactivar el transporte por agua, una de las herramientas logísticas más eficientes y sostenibles del país.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025, con 118 votos a favor, 77 en contra y 8 abstenciones.
Se trató de un golpe contundente al gobierno nacional, que buscaba desregular el sector de la Marina Mercante para fomentar la competitividad del transporte fluvial y marítimo.
Un país con ríos desaprovechados
Argentina cuenta con un extenso litoral fluvial y marítimo. Sin embargo, según la Cámara de Puertos Privados, por décadas de políticas proteccionistas que limitaron el ingreso de nuevos actores y tecnologías, la flota mercante nacional prácticamente desapareció.
Como resultado, el transporte por agua ha sido reemplazado por camiones en rutas de larga distancia, duplicando los costos logísticos.
“El camión es útil y necesario, pero no puede ser la única opción. Llevar carga por agua cuesta la mitad, y no requiere grandes inversiones del Estado”, señalaron desde la entidad.
Además, subrayan que el uso intensivo del transporte por carretera fuerza la infraestructura vial, que hoy muestra claros signos de deterioro por falta de mantenimiento y recursos.
Más eficiencia, menos costos, más inversiones
El DNU 340/2025 representaba una oportunidad para revertir esta situación. Permitía sumar competitividad a la logística nacional, abrir nuevas opciones para exportadores e importadores, y aprovechar rutas naturales como ríos y costas marítimas, hoy subutilizadas.
“La derogación desalienta inversiones y atenta contra la eficiencia”, remarcaron desde la CPPC. Según indicaron, la normativa apuntaba a reducir costos, mejorar la previsibilidad y dinamizar las operaciones logísticas. También se perfilaba como un incentivo para atraer capital al interior del país, donde las opciones de transporte son más limitadas.
La Cámara afirmó que continuar dependiendo exclusivamente del camión no solo es caro, sino que además impide avanzar hacia un sistema multimodal moderno y competitivo.
Llamado a los gobiernos provinciales
Finalmente, desde la entidad pidieron a los gobiernos provinciales afectados que se expresen de forma clara en defensa de un modelo de transporte más flexible y eficiente.
Y reafirmaron su respaldo a todas las iniciativas que apunten a modernizar, desburocratizar y revitalizar el transporte por agua, como proponía el DNU ahora derogado.