Desde la izquierda, Sebastián Vecchi, Federico Franchini, Alberto Carnevali, Federico Susbielles, Juan Linares y Mónica Blanco. Fotos CGPBB y Archivo Argenports.com
Por Adrián Luciani
aedgarluciani@gmail.com
Horas decisivas atraviesa el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, a la espera de una decisión Judicial que le dé luz verde para recuperar la operación de la Posta de Inflamables
Hoy, en rueda de prensa, el ente brindó detalles de los motivos que lo llevaron a impulsar la rescisión del contrato que tiene Energen S.A., el cual fue dispuesto el sábado pasado y que hoy incluyó la presentación de un procedimiento de desalojo cautelar, el cual fue radicado en un Juzgado de esa ciudad bonaerense.
No es el primer conflicto de este tipo ni será el último, pero, a diferencia de casos anteriores, este evidencia las aristas que le confieren gravedad y exigen acciones a corto plazo.
Según anunció el Consorcio, la idea es retomar el control de las instalaciones por un año.
En términos generales, según quedó puesto de manifiesto hoy por las autoridades portuarias, los incumplimientos de Energen en lo que hace al mantenimiento de las postas de inflamables hicieron que estas estructuras ubicadas en puerto Galván evidencien signos de deterioro.
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Federico Susbielles, titular del Consorcio, dijo que en 2018 esa empresa ganó una licitación en la que estaba en cuarto lugar en orden de mérito y comienza, a mediados de 2019, con la operación de la posta.
“En el mismo momento que comienza el trabajo de operación, este Consorcio, como lo hace normalmente, inicia los trabajos de auditoría y de control. En este caso con auditorias de carácter trimestral.
Explicó que la foja del prestador tiene innumerables dictámenes técnicos, informes e intercambio de notas, con 13 auditorías trimestrales que se practicaron sobre el mantenimiento y operación de la posta.
“A partir del 5 informe, y teniendo en cuenta la falta de respuesta del concesionario, se tomó la decisión de disponer auditorías cruzadas.
“A parte de ser la auditoria de ingeniería se incorporó un auditor externo que fue la empresa Kapla, que entre el informe 6 y 13 formó parte de estos controles”.
De acuerdo al contrato de concesión, el adjudicatario de la posta tiene dos obligaciones, por un lado la operación, es decir, conectar los buques y proveer la carga, y por otro lado obligaciones de mantenimiento, destinando un porcentaje de la tarifa que percibe.
“La falta de cumplimiento y reversión de esta falencia que se observó con el concesionario que gradualmente deteriorando la posta y generando situaciones que fueron complicando la acción y agravando la posibilidad de tener algún accidente que pueda afectar tanto la salud de las personas como el ambiente como generar siniestros con afectación importante de la instalación portuaria.
“Ante esta situación –agregó Susbielles--, hace 60 dias el directorio del puerto, de manera unánime, decidió llevar adelante un proceso de intimaciones que lo que hizo fue encuadrar todas estas auditorías que se habían realizado con los incumplimientos que la empresa estaba incurriendo”.
Precisamente, los incumplimientos detectados fueron veinte: 17 de ellos tienen que ver con el mantenimiento, uno con cuestiones impositivas, otro con la imposibilidad del concesionario de demostrar haber invertido parte de la tarifa cobrada a mantenimiento, un incumplimiento laboral de fondo y un incumplimiento genérico, que tiene que ver con que no había presentado a la fecha un plan de mantenimiento integral.
Luego Susbielles invitó a hacer uso de la palabra a varios de los responsables de distintas esferas de conducción en el puerto de Bahía Blanca.
En primer lugar lo hizo el ingeniero Alberto Carnevali, subgerente general y responsable de Operaciones, quien dijo que los equipos profesionales del puerto realizaron innumerables informes, los cuales tienen que ver con tres aspectos muy puntuales que hacen a los riesgos.
En tal sentido, estos aluden al estado de la infraestructura: estado de los elementos de carga, relación del personal y estado de los trabajadores de esas instalaciones.
Carnevali dijo que alguna falencia en estos tres aspectos pueden derivar en accidentes y el CGPBB, de ninguna forma, puede permitir que ese riesgo esté presente.
Por su parte, la doctora Mónica Blanco, del área de Concesiones, reiteró que las irregularidades detectadas consistieron en numerosos incumplimientos en materia de obras de mantenimiento y señaló que estas falencias habilitan, según el contrato de concesión, a la aplicación de multas e, incluso, a la rescisión.
Recordó que estos son bienes que pertenecen a la Provincia y la falta de mantenimiento acarrea una disminución de su vida útil y un perjuicio que el ente portuario debe evitar.
De todas formas, dijo que más allá de las multas y los daños a los bienes, existen otras cuestiones que están por encima y tienen que ver con la necesidad de evitar cualquier daño a las personas y al medio ambiente.
“Eso fue lo que fundamentó la decisión del directorio”, expresó.
Federico Franchini, gerente de Ingeniería, hizo hincapié en las distintas auditorías realizadas y subrayó que pese a la buena voluntad del CGPBB el concesionario nunca se ocupó de subsanar las falencias detectadas.
Luego hizo uso de la palabra Sebastián Vecchi, gerente de Administración y Finanzas, quien aludió a los gastos de mantenimiento y otra información brindada por Energen S.A. en último balance presentado (2020/21).
“La concesionaria, pese a los varios requerimientos que se le hizo no pudo demostrar ni pudimos constatar la contraprestación de servicios que tenían que ver con el mantenimiento por parte de un proveedor específico, que en el 2020/21 representaba el 63% del total de gastos de mantenimiento de la concesionaria y, en dólares, representaban 119 mil dólares en tareas que no se pudo validar que se hayan realizado.
“También en 20/21 –agregó--, se crea un impuesto adicional a los Ingresos Brutos, a lo cual el CGPBB consulta a ARBA y este organismo informa que el sujeto del impuesto debería ser Energen S.A. y hasta la fecha no ha aportado el tributo. El importe rondaría los 170 millones de pesos, sin contar intereses punitorios, etc. Actualmente Energen S.A. ha iniciado una causa que aún no tiene sentencia judicial”.
En tanto, Juan Linares, gerente general del Consorcio, dijo que las actuaciones técnicas son concluyentes y afirmó que el ente está muy seguro de la decisión tomada.
Tras señalar que en lo personal está muy conforme con la tarea que han realizado las áreas técnicas del Consorcio, puntualizó que no fue una decisión fácil pero constituye una obligación del ente cuidar a los usuarios de las postas, que son empresas de primer nivel internacional, con alto estándares de trabajo.
“Son empresas que confiaron en el puerto, que han invertido, y también tenemos empresas que están pensando invertir en el puerto, entonces tenemos que garantizar esa operación, ese estándar y saber que todo inversor va a estar cuidado en el puerto de Bahía Blanca”.
También subrayó como relevante que el tema haya sido decidido, en forma unánime, por el directorio del Consorcio y afirmó que a corto plazo van a poner en servicio, en los niveles deseados, las postas de inflamables.
Por último,el doctor Víctor Colacce, de Legales, dijo que desde ese ámbito no quedó otra opción que aconsejar la caducidad de la concesión en virtud de los reiterados incumplimientos y riesgos existentes.
Explicó que el sábado se hicieron presentes en la Posta de Inflamables para iniciar el proceso de recuperación de las instalaciones pero no encontraron a ningún responsable administrativo de Energen.
Por ese motivo se inició un procedimiento de desalojo cautelar, el cual fue radicado hoy en un Juzgado de la ciudad.
Colacce dijo que han tenido casos de esta índole, aunque afortunadamente de menor entidad, porque “esto es grave”.