Por Redacción Argenports.com
La pesca argentina vuelve a quedar bajo la lupa. Un informe elaborado por Sin Azul No Hay Verde, Mar Abierto y el Círculo de Políticas Ambientales reconstruye una serie de decisiones administrativas que, según sostienen, habrían permitido la transferencia de permisos pesqueros a buques con antecedentes de pesca ilegal, una práctica que pone en cuestión los mecanismos de control del Estado y la transparencia en la gestión de los recursos marítimos.
El trabajo se centra en el caso Univpesca, una firma vinculada a capitales de origen chino, y documenta cómo determinadas autorizaciones habrían sido otorgadas y luego transferidas a otras sociedades vinculadas, pese a la existencia de registros de infracciones previas en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.
Para las organizaciones, el problema no es solo un expediente puntual, sino una falla estructural del sistema de permisos.
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Qué cuestionan las organizaciones
Según el informe, la operatoria observada en el caso Univpesca entra en tensión con la Ley Federal de Pesca, que establece límites claros para impedir que armadores con antecedentes de pesca ilegal —o con vínculos económicos, jurídicos o de beneficio con quienes hayan incurrido en ese tipo de prácticas— accedan a nuevas autorizaciones.
Las entidades sostienen que, aun existiendo ese marco normativo, los permisos pueden cambiar de manos mediante cesiones o transferencias que diluyen la responsabilidad sobre los antecedentes de los buques o de sus beneficiarios finales.
De ese modo, embarcaciones con historial cuestionado podrían volver a operar bajo nuevas razones sociales o estructuras societarias, sin que el sistema de control logre bloquear de manera efectiva esas maniobras.
Un sistema opaco
Más allá del caso puntual, el informe pone el foco en un déficit más amplio: la falta de información pública, sistematizada y accesible sobre permisos, buques, armadores y antecedentes.
Para las organizaciones, la opacidad administrativa no solo dificulta el control social y profesional, sino que también debilita la credibilidad del manejo pesquero argentino frente a mercados internacionales cada vez más exigentes en materia de trazabilidad, legalidad y sostenibilidad.
En ese marco, advierten que sin registros claros y abiertos resulta complejo reconstruir quién pesca, con qué buques, bajo qué autorizaciones y con qué historial operativo.
La consecuencia no es solo ambiental, sino también económica e institucional, en una actividad que aporta divisas, empleo y desarrollo a numerosas regiones del país.
La propuesta de fondo
Sin Azul No Hay Verde, Mar Abierto y el Círculo de Políticas Ambientales coinciden en la necesidad de avanzar hacia un Registro Público de Embarcaciones y Permisos Pesqueros, con datos abiertos y actualización permanente.
Un instrumento de ese tipo permitiría identificar beneficiarios reales, antecedentes de infracciones, transferencias de permisos y condiciones de operación, reduciendo los márgenes de discrecionalidad y fortaleciendo la gobernanza del sector.
Para las organizaciones, la transparencia no es un complemento sino una condición básica para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, proteger los recursos marinos y asegurar reglas de juego claras para los operadores que cumplen con la normativa.
Por qué importa
El caso Univpesca, señalan, funciona como una señal de alerta. En un escenario global donde la pesca ilegal es uno de los principales desafíos para la sustentabilidad de los océanos y para la competitividad de las cadenas de valor, la Argentina se enfrenta al desafío de fortalecer sus sistemas de control y de información.
La discusión excede a una empresa o a un expediente: interpela al modelo de gestión de los recursos pesqueros y a la capacidad del Estado para garantizar legalidad, previsibilidad y transparencia en una actividad estratégica.