Redacción Argenports.com

   Una gran polémica se generó en Neuquén luego de que el gobernador Omar Gutiérrez presentara el protocolo de “Consulta Previa, Libre e Informada (CLPI) a la Confederación Mapuche” a poco de comenzar las obras del Gasoducto Néstor Kirchner, que se extenderá desde Tratayén en Vaca Muerta hacia Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

   El mandatario local propuso el proyecto en un acto con representantes de la comunidad mapuche, desde donde advierten que “deberá aplicarse antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en tierras de comunidades indígenas; siempre que se considere que su capacidad de enajenar sus tierras o transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad”.

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   El protocolo en cuestión se realizó sobre la base del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia del Neuquén, que fijan “la consulta a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

   Se ofrece además “programas y servicios de educación destinados a las comunidades indígenas; sobre la organización y el funcionamiento de los programas especiales de formación profesional de aplicación general y para la adopción de medidas que permitan alcanzar el objetivo de enseñar a los niños de las comunidades indígenas a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo al que pertenezcan”.

   Tras las críticas, Gutiérrez dijo que el protocolo apunta a lograr una “mayor hermandad e integración” en Neuquén.

   Afirmó  que es una idea que presentaron y “no una imposición de parte”, por lo que “habrá que consensuar lo que dice la interpretación”.

   Por otro lado, están quienes señalan que esto les da a los referentes de esas comunidades intervención y capacidad de veto en ese proyecto, el más importante y estratégico tanto para el sector petrolero como para la estabilidad macroeconómica de la Argentina.

   Las críticas apuntan a que el protocolo les permite a los líderes de esas comunidades exigir dinero, beneficios u otras acciones en caso de que, por ejemplo, la obra atraviese un terreno que ellos consideren propio por tenencia ancestral.

   Según el diario Infobae, los especialistas y técnicos que trazaron la obra no detectaron ningún derecho de propiedad afectado: ni la provincia ni la nación reconoce como dueño de esas tierras a comunidad aborigen alguna.

   El titular de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, aseguró en diálogo con ese medio que Gutiérrez “puso al Estado Argentino de rodillas ante estos grupos extorsivos”, mientras que el diputado nacional por el radicalismo neuquino, Pablo Cervi, advirtió sobre el riesgo de que el protocolo comprometa no sólo la construcción del gasoducto sino el desarrollo mismo de Vaca Muerta.