Redacción Argenports.com
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Asociación Civil “Unidos por la Vida y el Ambiente” (UPVA) presentaron un amparo ambiental contra la Nación para que la Justicia Federal suspenda las obras de dragados ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná – Paraguay.
La medida alude especialmente a los trabajos en el denominado “Paso Las Hermanas y Paso abajo las Hermanas”, frente a la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires.
“Resulta injustificable y absolutamente contrario a derecho realizar obras de estas características frente a la enorme crisis ecológica, climática e hídrica que atraviesa la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país, sin contar con una Evaluación Ambiental Estratégica del mal llamado proyecto Hidrovía en el tramo Argentino de la cuenca”.
De esta forma se expresó el presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), Enrique Viale.
Terminal de Bunge, a la vera del Paraná, en la zona de Ramallo.
Según las organizaciones firmantes, esas obras de dragado "deben suspenderse de forma urgente", puesto que aún no cuenta con "la realización previa, oportuna y participativa de los estudios de impacto ambiental, conforme el procedimiento legal obligatorio de toda iniciativa de cambio de trazas en pasos críticos del río Paraná, en torno a las profundizaciones del calado, sobredragados y ensanchamientos del cauce de navegación".
Por tal razón, los demandantes solicitaron preventivamente una medida cautelar para que el Estado suspenda "toda intervención ingenieril y artificial de estas características sin estudio de impacto ambiental puntual, hasta tanto se dicte sentencia conforme lo peticionado".
"Los abogados patrocinantes de ambas organizaciones, Jorge Daneri, Lucas Micheloud y Fabián Maggi sostienen que la acción es la traducción judicial de un conflicto socioambiental que lleva décadas y está caracterizado por la desambientalizacion y falta de controles estatales que tiene el proyecto de la Hidrovía".
"Los cambios globales concretados en el río Paraná en las últimas décadas por el proyecto de la Hidrovía, en conjunto con los impactos climáticos e hidrológicos, están desestabilizando todo el sistema de humedales, sitios de valor paleontológico y sus ecosistemas asociados en la región de la cuenca, pero también a las comunidades ribereñas, frente al acceso al agua de forma segura y adecuada", indicaron en el escrito.
Por tal motivo, los abogados ambientalistas solicitaron que el fuero Federal disponga la suspensión del cambio de traza realizado frente a Ramallo, puesto que aseguraron que "no cumplen con la aplicación y cumplimiento de las herramientas básicas de la democracia ambiental expuestas".
Al mismo tiempo, denunciaron que la auditoría contratada por la Administración General de Puertos a la empresa Serman S.A. "no reviste la categoría de estudio de impacto ambiental ni tiene una declaración de impacto ambiental, además de representar un grave conflicto de interés".
Luego, “frente a la inexistente perspectiva de cuencas del proyecto HPP y la escandalosa mercantilización realizada sobre el río Paraná y sus reinos de vida que hace el complejo agroportuario y el sistema de navegación comercial”, las organizaciones solicitaron a la Justicia Federal que adopte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos de gestión democrática de cuenca, y disponga en el marco de la licitación internacional en curso, un plazo preciso para que el Estado Nacional en conjunto con las provincias y con la debida participación ciudadana, conformen el “Comité de Cuenca del río Paraná”, la mayor deuda de la democracia ambiental aún incumplida, en el mayor río del país.
