Por Redacción de Argenports.com
La industria naval argentina presentó en Mar del Plata su capacidad productiva y planteó la necesidad de mejorar las condiciones financieras, impositivas y regulatorias para sostener la construcción local de embarcaciones. El sector también expresó preocupación por la importación de buques usados y la falta de crédito de largo plazo.
La exposición se realizó durante la Feria Internacional de Puertos (FIP 2026), en el Hotel Sheraton, y estuvo encabezada por Florencia Garrido, presidenta de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata (CIN) y vicepresidenta de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA).
Según los datos sectoriales presentados en el encuentro, en el país funcionan 350 talleres y astilleros navales distribuidos a lo largo del litoral marítimo y fluvial.
Más de 5.000 empleos directos
La actividad naval privada genera más de 5.000 puestos de trabajo directos, una cifra que, según la presentación, se duplica al incorporar los astilleros públicos.
Además, el sector estima que por cada empleo directo se generan otros tres puestos indirectos en áreas como ingeniería, logística y provisión de insumos.
Las embarcaciones construidas en el país alcanzan un promedio de 70% de contenido industrial nacional, mientras que en el caso de las barcazas la participación local supera el 90%.
“Cada barco que se construye o repara en el país moviliza a más de 200 PyMEs de la cadena navalpartista, genera trabajo calificado y conserva conocimiento estratégico que lleva décadas desarrollar”, sostuvo Garrido durante la exposición.
Flota pesquera, crédito e importaciones
La dirigente indicó que durante los últimos siete años se construyeron 37 buques pesqueros en astilleros nacionales en el marco del Decreto 145/2019.
Esa norma estableció lineamientos para la modernización de la flota pesquera y contempló expresamente el papel de la industria naval argentina dentro de la cadena productiva.
Sin embargo, desde el sector señalaron que ese proceso perdió impulso por la falta de rentabilidad de los armadores, la ausencia de financiamiento de largo plazo y la incertidumbre vinculada con la administración de cuotas de pesca.
También cuestionaron los efectos que podría tener el Decreto 273/2025, que eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) como requisito previo y lo reemplazó por una declaración jurada. El Gobierno fundamentó la modificación en la necesidad de agilizar trámites y facilitar inversiones.
En ese contexto, Garrido afirmó que la industria “no pide privilegios ni mercados cautivos”, sino condiciones impositivas, laborales, financieras y regulatorias comparables con las internacionales.
La Hidrovía y Vaca Muerta, entre las oportunidades
La presentación también identificó posibilidades de crecimiento vinculadas con la Hidrovía, mediante la construcción de dragas, remolcadores, areneros y barcazas.
Además, el sector proyectó oportunidades en la industria de Oil & Gas, Vaca Muerta y los servicios offshore, con desarrollos navales destinados al transporte de personal, practicaje y asistencia a instalaciones marítimas.
El planteo final apuntó a coordinar una agenda entre empresas, trabajadores, universidades, organismos científicos y el Estado para renovar flotas, incorporar tecnología y ampliar la red de proveedores nacionales.