Recientemente se conoció el informe de auditoría de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), dependiente del ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de Uruguay, que es el órgano responsable de la política vinculada a los recursos hídricos del país.
En dicho informe se categorizó como “extremo” el estado de diferentes hallazgos respecto de distintos programas y procesos; calificando sus consecuencias en la administración y funcionamiento de los recursos, su regulación y control, indicando que se deben adoptar acciones a la mayor brevedad posible.
Esto nos hace reflexionar acerca de si dichas irregularidades demuestran la debilidad del régimen estatal respecto a temas trascendentales para el desarrollo de un país como lo es la administración de los recursos pesqueros.
La auditoría, que pone principal énfasis en la “ausencia de control”, tuvo como objetivo “evaluar el proceso de emisión y renovación de los permisos de pesca comercial industrial, así como las actividades de control implementadas sobre el aprovechamiento responsable y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos”, según expone el documento.
Sin dudas, esto pone de manifiesto el descontrol que hay en materia de administración pesquera en dicho país.
Por mencionar sólo algunos puntos que evidencian esta realidad, el sindicato de trabajadores del MGAP, por ejemplo, reclamó por este vaciamiento de profesionales y técnicos en la DINARA, lo que refleja la falta de profesionalización y su importante rol en la toma de decisiones debido a renuncias masivas, situación que repercute negativamente en la eficiencia de las políticas pesqueras.
Es fundamental contar con un equipo capacitado y comprometido para abordar los desafíos que enfrenta el sector.
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Por otro lado, sumado a la evidencia de irregularidades, se conoció que Uruguay firmó un memorando de entendimiento con Ecuador para abordar la problemática de la pesca ilegal, un flagelo que azota a países de la región.
Lo llamativo de dicho acuerdo es, no solo la falta de impacto real en el control de las flotas involucradas, sino también la financiación de una ONG en el proceso: The Pew Charitable Trusts que según consta en la Resolución de Presidencia, los costos de la misión para la celebración del convenio fueron cubiertos por la ONG estadounidense que opera proyectos de actividad marítima.
El compromiso implica compartir información sobre la actividad previa de los buques pesqueros que ingresan a sus aguas y aquellas alertas de buques que intenten descargar en sus puertos la pesca capturada de forma ilegal.
Varios interrogantes
La pregunta que surge en torno a esto es, ¿quién define la política pública pesquera en dicho país?; quien se hace cargo de los costos de un convenio, ¿tiene injerencia en las decisiones de la actividad? ¿Hasta dónde una ONG puede financiar proyectos de orden público con injerencia en decisiones políticas y acceder a información en materia pesquera de un país?
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Por último, pero no por ello menos importante, es importante resaltar que desde el año 2019 Uruguay no cuenta con un buque oceanográfico de bandera propia, cuando el Alderaban dejó de funcionar debido a averías en su maquinaria, por lo que los investigadores uruguayos quedan sujetos a las expediciones que realiza el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), organismo argentino y, por lo tanto, a su propia agenda.
Esto refleja la falta decisión política en la materia y la ausencia de inversión, que tiene como consecuencia la imposibilidad de evaluar el estado actual y evolución de sus propios recursos.
Dicho esto, se puede afirmar que los hallazgos expuestos en la auditoría reflejan un grave problema estructural de funcionamiento. Un estado de situación crítico respecto del rumbo en materia pesquera de Uruguay que debería llamar a la reflexión inmediata de quienes tienen la responsabilidad pero sobre todo, la obligación de encauzar el rumbo.